La semana pasada se constituyó la comisión de doce expertos convocada por el gobierno. Esta instancia busca proponer reformas al Estatuto Administrativo. Dicho marco rige a los trabajadores fiscales desde 1989. Sin embargo, existen dudas sobre su impacto real. Rodrigo Espinosa, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales, plantea en Palabra Que Es Noticia una advertencia esencial. El académico sostiene que el proyecto tendrá un alcance sectorial muy limitado. Esto se debe principalmente a la fragmentación de las leyes laborales del Estado.
El laberinto estatutario chileno
El principal obstáculo para una reforma profunda es la atomización legal del sector público. Por lo general, el debate suele centrarse únicamente en el Estatuto Administrativo. No obstante, este marco rige solo a una porción menor de la administración pública. Por lo tanto, cualquier modificación dejará fuera a importantes gremios nacionales.
El académico explica con precisión los límites de esta iniciativa. Al respecto, señala lo siguiente: «Lo que se quiere revisar dentro del empleo público a través de la reforma al estatuto administrativo, estamos hablando de impactar alrededor de un tercio del empleo público en general. Acá hay un laberinto estatutario respecto a cómo funciona el empleo público. De hecho, tenemos un estatuto dentro de las municipalidades, el estatuto docente, tenemos el estatuto que rige a los funcionarios de la salud, el poder judicial, el poder legislativo. El empleo público, cuando lo miramos en su globalidad, es un ecosistema o un laberinto mucho más complejo».
Esta dispersión normativa fragmenta el empleo fiscal en varios regímenes. Por ejemplo, los profesores municipales o el personal de salud poseen leyes propias. El Centro de Estudios Públicos (CEP) coincide plenamente con este diagnóstico. En consecuencia, el trabajo de la comisión no alterará las condiciones de la gran mayoría de los funcionarios.
Espinosa complementa esta advertencia sobre el plazo de trabajo. El experto declara: «Se estaría impactando, si es que se avanza con esta iniciativa de reforma, recién un tercio aproximadamente del empleo público. Si esto lo vamos a extender a todos los regímenes estatutarios que involucran al empleo dentro del Estado en su conjunto, 120 días de trabajo no alcanzaría y podría ir avanzando de manera gradual».
Nudos críticos del empleo: contrata y evaluaciones
A pesar de su alcance acotado, la comisión debe resolver problemas severos. Estos se concentran en el tercio que sí puede modificar. Uno de los nudos críticos es el empleo a contrata. La normativa vigente establece que este personal no debe superar el 20% de la dotación de planta. Sin embargo, la realidad actual vulnera largamente esta regla.
El académico detalla esta irregularidad contractual. Al respecto, afirma: «De acuerdo a la ley, en los servicios públicos el personal a contrata no debe superar el 20% de la dotación de planta. Esa cifra ya se pasó. De hecho, la mayoría de los empleados públicos están bajo el régimen a contrata, cuyo contrato expira justamente el último día del año y que eso se va renovando anualmente si es que la autoridad así lo decide».
Por otro lado, el sistema de calificación de los funcionarios públicos muestra graves falencias. Actualmente, las evaluaciones de desempeño resultan demasiado homogéneas. Por esta razón, el sistema no distingue los rendimientos reales de los trabajadores públicos.
Espinosa critica la rigidez de esta herramienta de medición. El especialista sostiene: «Se ha criticado bastante que son bastante homogéneas. El escalafón más alto es donde está concentrado la gran mayoría de las evaluaciones, algunos hablan cerca del 90%, lo cual genera también bastante inflexibilidad respecto a medir bajo desempeño como causal de despido del empleo público».
Procesos de sumarios excesivamente rígidos
La lentitud administrativa es otra gran debilidad de la administración. Las investigaciones por faltas a la probidad suelen demorar años. Por consiguiente, sancionar o desvincular a un funcionario infractor se vuelve un proceso complejo.
El especialista describe esta parálisis burocrática. Sobre este punto, indica: «Los sumarios son procesos que pueden tardar meses, incluso puede tardar perfectamente un par de años. Eso hace también que el despido, cuando existen faltas claras a la probidad, los procesos sean bastante rígidos».
Clientelismo político y urgencia de mérito
Finalmente, el debate debe abordar la influencia de la política en las contrataciones. Recientemente, se han filtrado conversaciones que evidencian el favoritismo en cargos estatales. Para el académico, es urgente profesionalizar la selección del personal. De este modo, se protegerá la carrera funcionaria y el mérito técnico.
Espinosa concluye con un llamado directo a la meritocracia. En este sentido, puntualiza: «Hay que reducir el componente discrecional y avanzar en evaluaciones de esa elección que sean más meritocráticas y no a través de lealtades políticas, donde en el último tiempo han salido hasta filtraciones de WhatsApp cuyo requisito ha sido condicionar la vacancia de un cargo a militancia política».