La reciente operación Cancerbero ha marcado un hito en la estrategia de seguridad del Estado chileno. Este plan contempló el traslado de más de 700 reos de alta peligrosidad al complejo La Laguna, en las cercanías de Talca. Inaugurado en 2025, este recinto se posiciona como el centro de mayor seguridad del país. La operación incluyó a 37 líderes de diversas organizaciones criminales, movilizados desde distintos puntos del territorio nacional.
Ante las críticas que tildan el despliegue de «show mediático», Ignacio Castillo, director de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, ofrece una perspectiva técnica. Según contó en entrevista con Andrea Moletto en Palabra Que Es Noticia, este tipo de acciones busca demostrar la capacidad del Estado para enfrentar amenazas complejas. Sin embargo, el experto subraya que el foco no debe estar en la puesta en escena, sino en la eficacia del régimen interno.
El modelo del 41 bis y la disociación criminal
Castillo recurre a la experiencia internacional, específicamente al modelo italiano nacido en los años 90 tras los asesinatos de los jueces Falcone y Borsellino. Este sistema, conocido como 41 bis, es la base conceptual de lo que Chile busca implementar.
Sobre la esencia de estos regímenes, Castillo es categórico: “Lo que se justifica son mecanismos son sistemas de alta o de máxima seguridad que permitan la segregación y que permita la disociación de las personas de la organización criminal. Es decir, sujetos que tienen todavía cierto rol inante, sea dentro de la organización criminal como afuera, es decir, gente líderes de organización criminal”.
El objetivo fundamental es cortar la cadena de mando. El director explica que el 41 bis busca “evitar que estas personas tengan contacto adentro con otros presos, pero también hacia afuera. Es decir, evitar que sigan liderando la organización criminal dentro de la cárcel como hacia afuera de la cárcel”.
Infraestructura y el riesgo del «networking» carcelario
El complejo La Laguna cuenta con celdas individuales, patios especiales y locutorios con vidrios que impiden el contacto físico. No obstante, el éxito de la operación Cancerbero depende de evitar que los líderes generen nuevas redes de contacto entre ellos.
Castillo advierte sobre el peligro de crear un espacio donde los cabecillas coincidan: “el riesgo es que se forme un networking de los líderes, es decir, un lugar en la cual se encuentren los líderes y tengan capacidad de ellos de organizarse internamente”. Para mitigar esto, propone una “lógica de inteligencia penitenciaria para sacarlos y diferenciarlos entre grupos que no tengan intereses, por así decirlo, criminales”.
Además, destaca que el factor humano es crítico. La corrupción de los funcionarios puede anular cualquier medida tecnológica: “el límite o mejor dicho el freno entre esa disociación, muchas veces también pasa por la corrupción y la coaacción de los funcionarios penitenciarios que están ahí”.
Inteligencia penitenciaria: ¿Quiénes deben estar en La Laguna?
No todos los reos peligrosos requieren este régimen. La selección debe ser quirúrgica. Castillo señala que los candidatos ideales son “Básicamente los que tienen capacidad de liderazgo, los que tienen de alguna manera capacidad de control respecto de las actividades de la organización criminal, pierdan ese rol”.
Un ejemplo reciente es el caso del «Cojo César». A pesar de estar privado de libertad, este sujeto mantenía el liderazgo de una organización violenta en la zona sur. Según el director, Gendarmería debe asumir un rol activo en la inteligencia penitenciaria para detectar estos perfiles de alto nivel.
Desafíos legislativos y la administración de bienes
La discusión sobre seguridad también se traslada al Congreso. El Ejecutivo ha planteado reformas constitucionales para listar organizaciones criminales. Castillo manifiesta cautela ante la posibilidad de «sobre-constitucionalizar» estas definiciones, ya que en Chile el fenómeno es fluido. “Nosotros, salvo probablemente uno o dos casos, en general, lo que tenemos son células, son grupos de organizaciones más pequeños, que cambian de nombre, que se modifican, que sus estructuras van cambiando”.
Finalmente, Castillo celebra la creación de una agencia para administrar bienes incautados. Actualmente, Chile presenta una desorganización en esta materia, donde bienes como vehículos de lujo o animales exóticos terminan depreciándose.
Esta nueva institucionalidad permitiría la ejecución temprana de bienes: “si yo incauto un vehículo de alta gama, de mucho valor, en vez de que ese vehículo se deprecie, yo lo vendo tempranamente, dejo eso en algún sistema financiero; finalmente ese dinero entra a las arcas fiscales”. Además, parte de estos recursos podrían financiar tecnología para el Ministerio Público y las policías, cerrando así el círculo de la lucha contra el crimen organizado.