El director del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales (UDP), Claudio Fuentes, analizó en su columna de Palabra Que Es Noticia los alcances de la nueva propuesta de seguridad gubernamental. El académico manifestó su preocupación por el diseño de esta «megareforma», la cual surge tras dos intentos fallidos de redactar una nueva Carta Magna.
El riesgo de una reforma tras procesos fallidos
Para Fuentes, el primer punto crítico es la pertinencia política de realizar cambios directamente en la Constitución. El académico cuestionó la desconexión entre la urgencia ciudadana por resultados y los tiempos legislativos de una reforma constitucional.
Al respecto, Fuentes señaló: «Llama la atención el que se opte por apuntar a una reforma constitucional después de dos procesos constituyentes fallidos«. Además, se preguntó: «¿Por qué poner atención en intentar cambiar la Constitución cuando la opinión pública quiere resultados, quiere algo concreto?«. Según su análisis, este camino «va a tomar tiempo político. Después de la reforma constitucional, hay que crear las leyes para modificar lo que la Constitución señala«. Fuentes estima que este trayecto implica, al menos, «2 años de proceso político para llegar a algo concreto«.
El blindaje institucional frente al Tribunal Constitucional
Un aspecto inédito de la propuesta es el intento explícito por limitar las facultades del Tribunal Constitucional (TC). Fuentes sostiene que el borrador busca evitar que este órgano frene o interprete medidas de seguridad impulsadas por el Ejecutivo.
«He consultado con algunos abogados constitucionalistas y me dicen que es primera vez que explícitamente se establece el objetivo de cambiar la Constitución para que el TC no inhiba una decisión«, explicó el experto. Según el texto que circula, se busca blindar la ley «para que el TC no tenga no pueda interpretar así, por eso lo vamos a cambiar«. Fuentes concluye que el gobierno busca «empujar una inhabilitación del TC para pronunciarse estos temas. Es decir, crear un blindaje institucional para que no pase por el TC«.
La creación de «parias sociales» y el impacto en derechos
La reforma contempla modificaciones al Artículo 19 para restringir beneficios estatales a condenados por crimen organizado y narcotráfico. Esta medida se extendería incluso décadas después de cumplida la pena.
Fuentes detalló que: «La persona condenada, tanto cuando está condenada como 15 años después… perdería la posibilidad de recibir estos beneficios de salud, educación, pensiones y vinculados al trabajo«. El académico advirtió sobre las consecuencias humanas y sanitarias: «En el fondo es un paria social, pero eso tiene impactos sociales también«. Agregó que existe una tensión legal evidente, pues «hay un derecho de garantía de acceso a la salud que se contrapone con esta prohibición«.
Concentración de poder presidencial sin contrapesos
El punto central de la crítica radica en cómo la reforma altera el equilibrio de poderes. Según Fuentes, la propuesta otorga facultades extraordinarias al Presidente en los estados de excepción sin resguardos democráticos suficientes.
«Uno de los objetivos del proyecto es fortalecer la figura presidencial. Al fortalecer los estados de excepción, lo que tú estás haciendo es aumentando el poder presidencial«, advirtió. Asimismo, denunció que la norma «no establece mecanismos de contrapesos… de control legislativo para frenar los impulsos de un presidencialismo que limita derechos«. Para el académico, esta omisión afecta la esencia del sistema chileno: «Eso es como la base de una estructura constitucional democrática de balance y contrapeso. Eso no está en la figura constitucional que se está planteando«.
Dudas sobre la eficacia: Militares y Seguridad
Finalmente, Fuentes cuestionó la efectividad de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de orden público, citando experiencias regionales fallidas. «Deberíamos estar conversando sobre la eficacia de este tipo de medidas. Qué dice la experiencia comparada sobre la intervención de militares en la lucha contra el narcotráfico a nivel interno«.
Al observar casos como el de Brasil, Fuentes alertó sobre los efectos contraproducentes: «Si tú le pones más fuego, obviamente esto se va a incrementar. Y segundo, aumentó la corrupción de los militares porque se vincularon con el tema del control de narcotráfico«. El experto concluyó que existen soluciones alternativas basadas en el «fortalecimiento de las policías«, una discusión que, a su juicio, «hoy día no está«.