La tramitación de la megarreforma económica en Chile entra en una etapa de definiciones estratégicas tras su paso por el Senado. En este escenario, el director de ICSO UDP, Claudio Fuentes, analiza en su columna de Palabra Que Es Noticia las complejidades de un proyecto que no solo destaca por su contenido técnico, sino por la aritmética política que definirá su futuro en el Congreso.
El regreso a la Cámara y el rol estratégico del PDG
Tras ser aprobada en la Cámara Alta por una diferencia mínima de dos votos, la iniciativa debe retornar a su origen legislativo. Según explica Fuentes, este movimiento traslada nuevamente el poder de decisión a un actor que ha demostrado ser clave en las votaciones estrechas.
“Lo que vamos a ver ahora es que el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, vuelve a ser el partido de la gente porque ahí tiene sus votos”, afirma el académico. La estrategia del Partido de la Gente (PDG) no se limitaría únicamente a votar a favor o en contra de lo propuesto por el Ejecutivo, sino a utilizar su peso político para forzar instancias de negociación más profundas.
Para Fuentes, existe la posibilidad de que el partido actúe de forma estratégica para llevar temas críticos a una instancia superior. Al respecto, señala que un partido estratégico “rechazaría algunos ámbitos críticos que no le gustan o que sabe que son muy relevantes y forzar una comisión mixta”.
Esta táctica permitiría que, en una eventual comisión mixta, el PDG recupere su rol central. “Si se elige una comisión mixta, en la comisión mixta, si el PDG tiene uno, dos, tres votos, se transforma de nuevo en el articulador del acuerdo y por lo tanto puede presionar más”, advierte el profesor.
La presión por proyectos propios: El caso de los pañales
La capacidad de presión del PDG no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para acelerar la agenda legislativa que consideran prioritaria para su electorado. Fuentes vincula directamente esta capacidad de articulación con proyectos que actualmente se encuentran en discusión simple, como la iniciativa sobre el costo de los pañales.
En palabras del analista, el PDG podría condicionar su apoyo a la megarreforma: “Hay un proyecto de ley que está en discusión simple, que obviamente el PDG empujaría, diría, ‘Oye, no me tienen priorizados estos proyectos que son la de los pañales y otro más, ¿por qué no aceleran la aprobación de ese proyecto?’”. De esta manera, el apoyo a las grandes reformas estructurales queda atado a beneficios tangibles de corto plazo para ciertos sectores.
Riesgos de la megarreforma: Normas con efectos inesperados
Más allá de la estrategia política, Claudio Fuentes alerta sobre el contenido de la reforma, específicamente sobre aquellas normas que, bajo una apariencia pro-ciudadana, podrían terminar perjudicando a quienes buscan proteger.
Uno de estos puntos es el denominado “olvido financiero”, que busca borrar el historial de deudores después de cinco años. Fuentes cuestiona el impacto real de esta medida en el acceso al crédito. “Los bancos, frente a que no pueden tener un historial, va a aumentar la exigencia de crédito. O sea, yo frente a que no puedo controlar el historial crediticio, si hay más riesgo, aumento la exigencia del crédito”, explica. En consecuencia, el efecto podría ser el cierre de puertas para sectores vulnerables: “Por lo tanto, lo restringe. Se benefician aquellos que tienen más patrimonio”.
Un fenómeno similar ocurre con la prohibición del anatocismo, que es el pago de intereses sobre intereses. Aunque la idea de eliminar deudas eternas parece razonable, Fuentes indica que los mercados reaccionan ajustando otras variables.
“¿Qué van a hacer los bancos si tengo menos posibilidad de cobrar? Busco sistema para aumentar el ingreso mío. ¿Cómo lo hago? Uno, aumento el pie. Dos, aumento los intereses. Tres, doy menos crédito”, detalla el analista. Este ajuste bancario impactaría directamente en el sueño de la casa propia, ya que “genera un efecto que hace más restrictiva la posibilidad de acceder a la vivienda”.
La necesidad de una discusión profunda
El análisis concluye con una advertencia sobre la velocidad con la que se intentan aprobar estas medidas y la falta de evaluación sobre sus impactos secundarios. Fuentes cuestiona la urgencia legislativa frente a la complejidad de las 40 medidas que componen la reforma.
“Yo creo que ahí, ¿por qué no tomarse un mes, dos meses más y discutir sobre los efectos que producen?”, plantea el académico. Subrayando que en tiempos de populismo es común legislar mediante slogans que suenan bien pero que traen consecuencias negativas no esperadas. Para Fuentes, la clave reside en si los legisladores están evaluando realmente el impacto individual de cada una de las normas antes de apretar el botón de votación.
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