En el marco del cierre del mes de la reinserción social, la realidad penitenciaria de Chile enfrenta una de sus crisis más profundas. Según cifras recientes, las cárceles del país tienen una capacidad máxima de poco más de 42.000 plazas, pero actualmente albergan a más de 60.000 internos. En este contexto de hacinamiento y crecientes demandas por mayor seguridad, la hermana Nelly León, capellana del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, propone en Palabra Que Es Noticia una mirada crítica que cuestiona el enfoque meramente represivo del Estado.
La prevención como pilar de seguridad
Para Nelly León, la seguridad no se garantiza únicamente con la presencia policial o el aumento de plazas carcelarias. La raíz del problema se encuentra en la falta de oportunidades en los territorios más golpeados por la desigualdad. La capellana sostiene con firmeza que la estrategia actual está omitiendo un paso fundamental: atacar la violencia desde su origen social.
Al ser consultada sobre la dicotomía entre la delincuencia actual y la necesidad de reinserción, León afirma: “Seguridad también es prevención y si no prevenimos se le cierran las puertas a los jóvenes, a los niños hoy día en los distintos sectores de vulnerabilidad de nuestro país. Especialmente en Santiago, vamos creando, entre comillas, más delincuencia y no estamos haciendo nada en eso”.
El desafío de los 30.000 liberados
Uno de los datos más alarmantes expuestos por la capellana es el flujo de personas que recuperarán su libertad en el corto plazo. Sin procesos de intervención profundos, la cárcel se convierte en un círculo vicioso de reincidencia. León advierte sobre la urgencia de trabajar en la transformación de la historia personal de cada interno para evitar que el sistema penal sea simplemente una «puerta giratoria» de violencia.
Sobre este punto, la religiosa señala: “De aquí a 4 años van a salir 30.000 privados de libertad. Si no los hemos intervenido, si no se ha hecho un trabajo de joyería con ellos, de picar a fondo, ¿qué pasó con su historia personal? ¿Por qué llegamos a este nivel de violencia? Van a salir igual o quizás peor”.
Una mirada humana frente a la represión
La discusión pública suele centrarse en la dureza de las penas y la construcción de nuevos recintos bajo modelos de concesión. Sin embargo, León critica que estas decisiones se tomen lejos de la realidad cotidiana de los penales, ignorando las causas sociales que llevan a una persona a delinquir.
Al respecto, la capellana reflexiona: “Me pasa que siempre me quedo con la impresión que muchas veces hablamos desde el desconocimiento. No sabemos nada lo que pasa dentro de una cárcel, entonces desde un escritorio se crean políticas de dureza cuando también el ser humano que victimizó. El victimario también es un ser humano”.
El perfil de la mujer en prisión
La realidad de las mujeres privadas de libertad tiene matices particulares, profundamente ligados a la maternidad y la pobreza. En el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, el microtráfico y los delitos menores son la causa principal de reclusión. Este escenario genera un impacto sistémico, ya que la ausencia de las madres afecta directamente el futuro de sus hijos, quienes quedan expuestos a entornos de riesgo.
Nelly León detalla la composición social de la población penal femenina: “El casi el 90% de las mujeres son madres y madre de tres hijos o más. Entonces, esos niños, esos niños que están en la calle, que están con la tía, la abuela, la vecina o el ente más cercano, ese niño y esa niña es la que hoy día está aprendiendo en esta escuela de la delincuencia”.
El éxito de la Fundación Mujer Levántate
Frente al panorama estatal, iniciativas como la Fundación Mujer Levántate demuestran que el acompañamiento personalizado es la clave para romper el ciclo delictivo. Mientras el sistema público asigna hasta 50 casos por profesional, la fundación trabaja con grupos reducidos, logrando resultados que desafían las políticas de castigo tradicionales.
La capellana destaca la efectividad de este modelo: “El 85% de las mujeres que pasan por programas de reinserción como los que tiene Fundación Mujer Levántate no vuelve a la cárcel. Es un alto número”.
Las barreras de la ley y el Estado
Finalmente, León aborda la discusión sobre el endurecimiento de las leyes para menores de edad. Según su visión, aumentar los castigos sin ofrecer redes de apoyo escolar y comunitario en barrios críticos es una medida inefectiva que solo profundiza la estigmatización.
Respecto a las reformas legales, concluye: “Subirle la pena a los infractores de ley, subir la edad para poder penalizar. Yo lo encuentro un grave error porque no tenemos las redes para que esos jóvenes que delinquen a tanta temprana edad antes trabajemos con ellos”.
Además, señala la incoherencia del propio sistema al exigir reinserción laboral: “El Estado no tiene moral para exigirle a los privados que contraten exprivados de libertad cuando en el Estado existen 1.000 cláusulas para no contratar a ninguno por los antecedentes”.
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