La Cámara de Diputados despachó recientemente a ley un proyecto fundamental para el sector energético. Esta iniciativa busca ordenar el funcionamiento de las tarifas eléctricas y evitar un alza inmediata en las cuentas de los hogares, la cual habría sido de un 4% sin esta intervención. El mecanismo central resuelve una deuda acumulada con las empresas distribuidoras que asciende a 900 millones de dólares.
Para desglosar el impacto de esta normativa, Javier Piedra Fierro, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos y académico de la Universidad de Concepción, entregó una visión crítica y detallada en Palabra Que Es Noticia. Según el experto, la ley presenta una mezcla de avances positivos y medidas que califica de «injustas» para ciertos sectores de la población.
La socialización de una deuda individual
El origen del problema se remonta al congelamiento tarifario de 2019. Tras el descongelamiento en 2024, se sumó un cargo extra para pagar una deuda de 6.500 millones de dólares con las generadoras. Sin embargo, persistía una «cola» de 900 millones de dólares con las empresas distribuidoras.
Sobre la solución adoptada, Piedra Fierro explica: «Esa deuda era una deuda que hasta antes de esta ley estaba individualizada. O sea, que el Andrea tenía una deuda, tú, Toño, tenías otra, yo tengo otra y cada uno de los que nos está escuchando tenía una deuda que era propia. ¿Qué hizo el gobierno en este proyecto de ley? Fue tomar esta deuda que estaba individualizada y la socializó».
Esta medida implica que la deuda de todos los usuarios se agrupó bajo un cargo común. Este se comenzará a cobrar a partir del año 2028, aprovechando una baja proyectada en las cuentas para ese periodo. El objetivo es que el impacto no se perciba como una subida real, sino como una disminución menos pronunciada.
¿Por qué se habla de «pagar deuda con deuda»?
El análisis de Piedra Fierro es directo respecto a la sostenibilidad financiera del modelo. El experto señala que el Estado buscará financiamiento externo para saldar los compromisos inmediatos con las empresas privadas, trasladando el cobro a la ciudadanía a largo plazo.
«Aquí lo que se va a hacer en el fondo es pagar deuda con deuda, porque hay una deuda que se tiene con las distribuidoras que cada uno tenía de manera individualizada que al agruparse el estado dice: ‘¿Sabes qué? Vamos a conseguir plata con el Banco Interamericano de Desarrollo’ para pagarle la deuda a las distribuidoras y después nosotros le seguimos pagando al Estado por muchos años».
Aunque reconoce que parcializar este pago en ocho años (hasta 2035) es positivo para evitar impactos bruscos, cuestiona la justicia territorial de la medida. Por ejemplo, usuarios de zonas como Valparaíso, que tenían deudas individuales bajas, ahora pagarán más debido a la socialización del monto total.
El hito de la renegociación de contratos
No todo el análisis es crítico. Piedra Fierro destaca como un triunfo político la inclusión de una facultad que el Estado no tenía: la posibilidad de sentarse a renegociar con las empresas generadoras. Esta medida busca corregir precios que, según indica, están «fuera de mercado» debido a contratos firmados hace más de 15 años.
Al respecto, el académico sostiene: «Este proyecto de ley incluía la habilitación del Estado para renegociar los contratos eléctricos con las generadoras. La ley habilita a que la Comisión Nacional de Energía en el fondo pueda dar una vuelta de mano a la hora de renegociar que es básicamente: bájame el precio de la energía y yo te puedo aplazar los contratos, pero a un precio más bajo».
La importancia de esto radica en la brecha de precios actual. Piedra Fierro revela que «los clientes regulados, o sea, la ciudadanía, pagamos por el precio de nuestra energía 30% más que el promedio de los clientes libres, que son los grandes consumidores».
Compensaciones y cortes de suministro
En el contexto de los recientes sistemas frontales, el experto también abordó el comportamiento de las distribuidoras ante los cortes de luz. Hizo un llamado enfático a los usuarios a realizar sus reclamos de manera formal para activar los mecanismos de compensación legal.
«Aquí voy a decirlo en chileno: el que no llora no mama. Porque para que a uno le lleguen compensaciones ya tiene que estar acreditado el corte de suministro. Por lo tanto, todas las personas que estén sin suministro de electricidad o que hayan sufrido cortes tienen que informar».
La normativa vigente establece que la compensación debe ser el doble de la energía no suministrada durante el periodo de falla. Finalmente, el experto descartó riesgos de racionamiento eléctrico en el corto plazo, ya que las intensas lluvias han permitido que las represas recuperen niveles óptimos de agua.
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