La justicia chilena dictó una sentencia sin precedentes al condenar a cinco años de presidio al exministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Poblete, y al exdirector de inteligencia del Ejército, Shafic Nazal. Ambos fueron hallados culpables de un operativo de espionaje ilegal contra el periodista Mauricio Weibel en 2017, mientras este investigaba millonarios fraudes en la institución militar.
Un precedente histórico para la libertad de prensa
Para Mauricio Weibel, el fallo judicial representa mucho más que un triunfo personal. Durante una reciente entrevista, el periodista manifestó que recibe la noticia «con una enorme alegría», resaltando la magnitud global de la resolución.
En palabras del propio Weibel en conversación con Palabra Que Es Noticia: “Es un fallo histórico. Es primera vez que en la historia del mundo se condena a un juez y a un general por espiar a un periodista”. Además, el profesional destacó que la importancia de la sentencia radica en que “sienta un precedente a nivel mundial de la importancia de defender el periodismo de investigación y la libertad de expresión”.
El montaje detrás de la operación «Mata Hari»
El espionaje contra Weibel se produjo en 2017, en pleno auge de las revelaciones del caso Milicogate. El periodista recordó que en ese periodo sufrió diversas agresiones, incluyendo asaltos a la redacción de The Clinic. Sin embargo, el método utilizado para intervenir su teléfono fue lo que más sorprendió por su nivel de falsedad.
Weibel explicó el mecanismo utilizado: “lo que hicieron fue en un documento colocar mi teléfono, pero poner el nombre, como si fuera de ella, de una inmigrante irregular boliviana, una pobre chica de 23 años a la que acusaron de ser una especie de Mata Hari, una especie de agente peligrosísima del estado boliviano”. Esta orden judicial fraudulenta permaneció oculta hasta el año 2019, cuando un agente reveló la situación a la prensa.
El rol del juez y el nivel «delincuencial» del sistema
Uno de los puntos más graves denunciados por el periodista es la participación activa del Poder Judicial en el esquema de espionaje. Según Weibel, no se trató de un error administrativo, sino de un sistema diseñado para la persecución ilegal.
Sobre el rol de Juan Poblete, el periodista fue enfático: “El juez sabía que todo esto era ilegal. El juez fue el que creó el sistema. Eso es lo grave de toda esta historia. El juez fue el que le dijo al ejército: ‘Falsifiquemos los documentos’”.
Incluso, relató que durante la investigación fue extremadamente difícil localizar al magistrado para notificarlo. “Un juez de la República tuvo que triangularle el teléfono como si fuera alguien del Tren de Aragua para poder saber dónde dormía y poder entregarle la notificación judicial”, sentenció Weibel, calificando el hecho como “una cosa de un nivel delincuencial increíble e inaceptable”.
El cuestionado respaldo político
Mauricio Weibel también dirigió duras críticas hacia las autoridades políticas que, en su momento, respaldaron el actuar de los organismos de inteligencia ante el Congreso. Mencionó específicamente a los exministros de Defensa Mario Desbordes, Alberto Espina y Baldo Prokurica.
El periodista recordó que “estos tres ministros de defensa defendieron esta operación en el Congreso”. Respecto a la postura de Desbordes, Weibel señaló: “No solo las defendió, sino que a mí me acusó de ser delincuente por publicar casos de corrupción. Es insólito. O sea, un abogado defendiendo una operación ilegal”. Según su análisis, estas autoridades “o le mintieron al Congreso o vieron un documento falsificado, que era un delito, y no lo denunciaron”.
El legado del Milicogate: hospitales y colegios
Finalmente, la entrevista permitió dimensionar el impacto real del periodismo de investigación que gatilló este espionaje. Weibel recordó que el Milicogate expuso cómo se robaban millones de dólares destinados a la defensa nacional para gastarlos en “el casino, en prostitutas, en viajes”.
Gracias a estas denuncias, se logró eliminar la Ley Reservada del Cobre. Para Weibel, este es el mayor beneficio para el país: “Eso significa que todos los años hay 2.000 millones de dólares que en vez de irse a las fuerzas armadas sin control, entran al presupuesto de la República y eso equivale todos los años a la construcción de cinco o seis hospitales o de 400 colegios”. Por ello, concluyó que esta condena reafirma la necesidad de proteger a quienes denuncian la corrupción institucional.