La publicación del libro «Impunidad», escrito por el ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Cristián Vargas, ha vuelto a poner en el centro del debate la relación entre los grupos económicos y el financiamiento ilícito de la política. En esta obra, Vargas reconstruye su experiencia durante las investigaciones de los casos Penta y SQM, denunciando una estrategia coordinada para frenar las indagatorias por delitos tributarios que involucraban a figuras de todo el espectro político.
El origen del fraude: «Pasar el sombrero» a grandes empresas
Según explica el autor, el esquema de financiamiento no era un error administrativo, sino un fraude diseñado para eludir la transparencia. Cristián Vargas detalla que «muchos políticos de la época, y no sé si lo harán todavía actualmente, pero en esa época lo que se descubrió es que iban a pedir dinero, a pasar el sombrero, a literalmente a grandes empresarios, grandes empresas para financiar sus campañas».
Para ocultar estas donaciones, se utilizaban asesorías inexistentes. Vargas puntualiza que «estas donaciones, que eran donaciones en realidad las encubrían como supuestas asesorías. Entonces, de esa manera emitían boletas o facturas, pero que eran boletas o facturas falsas, porque no se trataba realmente de asesorías que prestaran». Este mecanismo permitía que las grandes compañías descontaran dichos montos como gastos de sus impuestos corporativos, cerrando un círculo de beneficio mutuo e ilegalidad.
El encuentro en La Moneda: La advertencia de colapso
Uno de los momentos más tensos relatados por el ex subdirector ocurrió en el Palacio de La Moneda. Allí, un alto funcionario le advirtió sobre las consecuencias de llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias. Vargas recuerda que este personaje le dijo con voz ronca: «Toca el corazón del sistema, persigue a todo si quiere. Tiene la razón jurídico moral, pero si aprieta demasiado, el país colapsa».
Ante la insistencia de Vargas por cumplir con su deber institucional, la respuesta del funcionario fue tajante: «No me malinterprete, no se trata de encubrir a nadie. Es política». Esta visión, según el autor, refleja una cultura donde se privilegia la estabilidad de la elite por sobre la verdad judicial. Vargas sostiene que «la visión que ellos tienen es que lo que hay que preservar, privilegiar es frente a este tipo de crisis, situaciones, no es la verdad, sino que es la estabilidad, la estabilidad institucional por sobre todo».
Presiones desde el Ministerio del Interior
Las presiones no solo fueron diálogos sugerentes, sino acciones directas para controlar la autonomía del SII. El ex subdirector afirma que «desde el propio Ministerio del Interior se impulsó una estrategia para dejar impune esos delitos en los que el propio ministro del interior de la época podría estar implicado».
Vargas describe que las intervenciones escalaron rápidamente. En sus palabras, «las expresiones empezaron en forma leve, más bien cuestionando o queriendo controlar lo que el servicio estaba haciendo, hasta pasando por cuestiones de amenazas personales después. No institucionales, personales. Y la propuesta de estrategias de más bien instrumentalización del servicio de impuestos internos para detener esas investigaciones». El objetivo final era evitar que la recopilación de antecedentes llegara a manos de la fiscalía, utilizando al SII como un tapón procesal.
El descabezamiento y la «autoamnistía» de hecho
La resistencia de Vargas y del entonces director Michel Jorat a estas presiones terminó provocando su salida de la institución. El autor describe este proceso como un «descabezamiento del servicio impuesto interno» para instalar personas funcionales a la impunidad. Además, asegura que se intervino el Ministerio Público: «se intervino la fiscalía, se le quitaron estos casos importantes (Penta, SQM y otros) a fiscales como el fiscal Gajardo, el fiscal Norambuena, y se los pasaron a otros fiscales que no tenían esa misma voluntad de investigar».
Para Vargas, esto constituyó una forma de protección sistémica. Aunque sugirió que se dictara una ley de amnistía de cara a la ciudadanía, la elite prefirió otra vía. Él relata que «prefirieron ocultar la verdad a los ciudadanos del país y en definitiva igual a ser una amnistía, una autoamnistía en el fondo. Una autoprotección. Pero de hecho, no por la vida abierta formal, sino quien decía se autoamnistiaron, pero de hecho, por las vías de hecho».
Una corrupción de carácter estructural
Al ser consultado sobre si la situación ha mejorado tras una década, Vargas es pesimista y vincula los hechos pasados con crisis actuales como el caso Hermosilla. El experto sostiene que «la corrupción en Chile tiene es parte de una forma de organización del poder y eso tiene expresiones múltiples».
Finalmente, advierte que en el país el poder real no siempre sigue los cauces legales. Vargas concluye que «el poder discurre por encima. Y más allá de las instituciones o de la formalidad legal o institucional», lo que genera una desconexión profunda entre la ciudadanía y quienes toman las decisiones que afectan al país.