La agenda política posterior a la cuenta pública presidencial ha estado marcada por una fuerte saturación de temas legislativos y de seguridad. En este escenario, el director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales (ICSO UDP), Claudio Fuentes, analizó en Palabra Que Es Noticia los desafíos que enfrenta el Gobierno tras los recientes anuncios en materia migratoria. Uno de los puntos más críticos es la propuesta de ampliar el plazo de detención de extranjeros en situación irregular para facilitar su expulsión del país.
El desafío logístico de los 60 días
Actualmente, la normativa permite retener a una persona por un periodo de cinco días, un plazo que resulta insuficiente para completar los trámites administrativos necesarios. El Gobierno busca extender este tiempo a 60 días, con posibilidad de renovación. Aunque la medida parece razonable en teoría, Fuentes planteó serias dudas sobre su ejecución práctica.
El analista advirtió que «tener una persona 60 días ya implica una infraestructura, y por lo tanto se tiene que crear la infraestructura rápido mientras se tramita el proyecto de ley». Esta observación subraya que la capacidad operativa del Estado para albergar personas por periodos prolongados es casi inexistente en la actualidad. Además, el experto se preguntó «¿quién va a custodiar a estas personas y bajo qué condiciones?», apuntando a la falta de claridad sobre qué tipo de instalaciones se van a utilizar y qué protocolos de seguridad se aplicarán.
El factor Venezuela y el riesgo de permanencia
El nudo más complejo de esta propuesta radica en la situación diplomática con Venezuela. Mientras que con otros países limítrofes existen canales de comunicación más fluidos, el retorno de ciudadanos venezolanos sigue siendo un proceso incierto. Claudio Fuentes enfatizó que «el gran problema» surge cuando los retenidos son venezolanos y no pueden ser devueltos de forma efectiva.
En este sentido, el académico señaló que «si son peruanos o bolivianos, yo creo que va a existir más posibilidades de llegar a acuerdo con los países para retornar a estas personas». Sin embargo, la ausencia de acuerdos sólidos con Caracas genera un manto de incertidumbre. Según el análisis del director de ICSO, esta falta de operatividad podría desvirtuar el espíritu transitorio de la ley.
Fuentes advirtió que «lo más probable es que estas situaciones que aparece como transitoria podría atenderse a convertirse en permanente, es decir, a tener centros de retención muy al estilo europeo o de Estados Unidos». Bajo este modelo, el país pasaría a gestionar espacios de confinamiento de larga duración, lo que obliga a replantear la logística básica de supervivencia.
Una «caja de complejidades» humanitarias
La transformación de estos centros en recintos de permanencia prolongada conlleva responsabilidades que el Estado debe asumir de forma integral. No se trata únicamente de un cambio en la numeración de los días de arresto, sino de la gestión de vidas humanas. El experto manifestó que en estos espacios «hay que pensar en el agua, en los baños, en la comida», haciendo especial énfasis en la vulnerabilidad de ciertos grupos.
El analista cuestionó «¿qué pasa si hay niños o si hay mujeres embarazadas?» y cómo se garantizará el acceso a la salud en dichos centros. Fuentes concluyó que el Ejecutivo tendrá que «abordar esto de un modo más integral que simplemente una norma que dice a 60 días y listo», ya que la medida «abre una caja de complejidades» que requiere una reflexión profunda sobre sus consecuencias a largo plazo.
Seguridad y castigos: ¿Eficacia o simbolismo?
Además del tema migratorio, la agenda de seguridad incluye el proyecto de ley antibándalos y contra las incivilidades. Esta iniciativa busca sancionar con mayor dureza actos como el rayado de edificios o el consumo de alcohol en la vía pública. Fuentes observó que la cuenta presidencial enfatizó los aspectos punitivos, bajo la premisa de que el castigo disuadirá al infractor.
Sin embargo, el analista recordó que «está bastante comprobado que no es así, que las personas no reaccionan de modo racional a estos incentivos». A su juicio, el problema central no es la magnitud de la pena, sino la capacidad del Estado para hacerla cumplir. Fuentes planteó que «con policías que están un poco sobrepasadas lo veo difícil», refiriéndose a la posibilidad real de detener y procesar a quienes cometen estas faltas.
Finalmente, el debate sobre la pérdida de beneficios sociales como castigo, tales como la gratuidad universitaria, también genera dudas constitucionales. Fuentes aclaró que las pensiones, por ejemplo, son «derechos adquiridos» y no pueden ser retiradas. En consecuencia, cualquier intento de vincular sanciones penales con derechos sociales básicos podría terminar siendo rechazado por el Tribunal Constitucional. La eficacia de la ley, por tanto, dependerá más de los recursos y la infraestructura que de la severidad de las normas escritas en el papel.