En una reciente entrevista, el exministro de Justicia y actual académico de la Universidad Diego Portales, Jaime Gajardo, analizó en profundidad los anuncios de seguridad del gobierno actual. Durante la conversación, Gajardo abordó desde el Plan de Infraestructura Penitenciaria hasta la creación del «Registro de Vándalos e Incivilidades». Y lanzó una advertencia crítica sobre las consecuencias de estas medidas.
Continuidad en el Plan de Infraestructura Penitenciaria
Gajardo comenzó señalando que el plan de cárceles presentado recientemente no es una propuesta nueva, sino una extensión de la gestión anterior. Según el exministro, «el plan que anunció el actual gobierno es prácticamente el mismo que teníamos y que generamos durante el gobierno del presidente Boric».
A pesar de que el sector político oficialista fue crítico en el pasado, Gajardo valora que se mantenga el rumbo. Según afirma, «da cuenta de que es una política de Estado«. Sin embargo, destacó las diferencias entre las promesas de campaña y la realidad técnica. «El gobierno habla de 20,000 plazas nuevas. El plan del gobierno del presidente Boric contempla de aquí al año 2030 15,000 plazas que ya se encuentran en desarrollo. Las 5,000 plazas adicionales son algunos de los proyectos que estaban en estudio y que se van a concretar», explica.
El académico subrayó que esta cifra «dista mucho de lo que el presidente Kast prometió en campaña», donde se mencionaron 100,000 plazas en cuatro años. Algo que Gajardo calificó como «muy poco viable» y «muy poco serio» desde el punto de vista presupuestario.
El desafío del Crimen Organizado en los penales
Otro punto clave de la discusión fue el control de las cárceles frente a bandas como el Tren de Aragua. Gajardo enfatizó que el combate al crimen organizado debe ser multidimensional, asegurando que los líderes no operen desde el interior.
Respecto a la tecnología y regímenes de seguridad, aclaró que muchas medidas actuales ya estaban operativas, «Nosotros le entregamos al gobierno el doble de plazas de alta y máxima seguridad y le entregamos tres módulos de máxima seguridad con régimen especial, un régimen que tampoco existía», comenta. Además, mencionó que el uso de uniformes para reos peligrosos ya se había implementado y que el anuncio de ampliarlo a cinco penales más «era en los planes que teníamos nosotros para este año».
La advertencia sobre el Registro de Vándalos
El tema más controversial de la agenda actual es el Registro de Vándalos e Incivilidades. Este busca sancionar conductas que afectan la convivencia en espacios públicos. Gajardo reconoce que la destrucción de bienes públicos es un problema real, pero cuestiona la efectividad y legalidad de las sanciones propuestas, como la pérdida de beneficios sociales.
Al referirse a la posibilidad de excluir a personas de la PGU o la gratuidad por cometer incivilidades, Gajardo fue tajante. «Yo creo que el registro que está proponiendo el gobierno suena una medida muy altisonante, puede ser muy popular, pero nuevamente primero, no conocemos el detalle. Segundo, creo que tiene problemas serios de constitucionalidad, es decir, los derechos previsionales están asegurados en la Constitución, son universales. El remedio puede ser peor que la enfermedad«, asegura.
El exministro argumentó que estas medidas podrían generar una mayor exclusión social, lo que dificultaría que las personas resuelvan los problemas que las llevan a cometer dichas faltas. En su lugar, propone fortalecer herramientas existentes: «Aquellas personas que podamos identificar que están destruyendo lo común, bueno, que reparen lo común… eso no pasa por quitarle beneficios que permiten que esas personas se inserten en la sociedad».
Falta de detalles y metas concretas
Para concluir, Jaime Gajardo criticó la gestión comunicacional del actual Ministerio de Justicia, señalando una preocupante opacidad en los datos técnicos. A su juicio, el Ejecutivo realiza «anuncios muy rimbombantes» que carecen de sustento estratégico.
«No entrega detalles, no tiene planes concretos, y no entrega cifras», afirmó Gajardo, cuestionando específicamente la ausencia de metas para reducir la reincidencia, que hoy se sitúa en un 40%. Para el académico, sin objetivos evaluables y lugares concretos para las nuevas plazas carcelarias, la política de seguridad corre el riesgo de quedarse solo en palabras.