La reciente revelación de un preinforme de la Contraloría General de la República ha sacudido los cimientos del sistema migratorio chileno. El documento da cuenta de graves irregularidades en el ingreso masivo de ciudadanos haitianos, específicamente menores de edad bajo la figura de reunificación familiar, de los cuales el Estado ha perdido la trazabilidad. Ante esta crisis, el Gobierno sostuvo reuniones de emergencia para acelerar la búsqueda de estos niños con paradero desconocido.
Para profundizar en las razones de este colapso, Rodrigo Sandoval, exjefe del Departamento de Extranjería y Migración, entregó en Palabra Que Es Noticia un análisis crítico sobre cómo operan las instituciones actuales. En su diagnóstico, Sandoval fue enfático al señalar que el país no enfrenta errores aislados, sino un problema estructural profundo.
El origen de una «falla sistémica»
Sandoval comenzó explicando que las deficiencias detectadas no pueden atribuirse a una sola entidad o funcionario. Según el experto, la amplitud del problema revela un quiebre en la cadena de mando y ejecución.
Al respecto, el exdirector afirmó: «Como definición, cuando en distintos niveles, a distintas escala y en distintas reparticiones existe una deficiencia en un proceso, por definición estamos en una en una falla sistémica».
En su visión, aunque se busquen culpables particulares, la mirada debe ser más amplia. Sandoval recalcó que «aquí lo que van a aparecer es seguramente responsabilidades individuales. Pero también no hay que perder de vista que van a existir fallas institucionales. Aquí hay instituciones que no hicieron bien su trabajo».
El vacío legal tras el control fronterizo
Uno de los puntos más alarmantes de la entrevista fue la denuncia sobre la falta de acompañamiento estatal una vez que los menores cruzan la frontera. Sandoval explicó que el sistema actual está diseñado para fiscalizar el ingreso, pero se desentiende del destino final del niño.
Sobre este abandono de deberes, Sandoval fue categórico. «Lo que vamos a observar es que no existe nadie que se haga cargo. Que una vez que la PDI le pone el timbre de ingreso a una persona sea responsable de que ese menor se reúna finalmente con sus padres», sentencia.
Además, aclaró que la entrada de menores con terceros no es ilegal bajo la normativa vigente, lo que complica aún más el control. Según explicó, «esta posibilidad de que un tercero acompañe a un menor para ingresar a Chile está prevista en la misma ley de migraciones que se aprobó el año 2021. Un menor de edad puede entrar a Chile acompañado por su padre, su madre, con la persona que tiene su cuidado personal o con una persona autorizada por escrito por cualquiera de ellos».
La precariedad de Haití y la flexibilidad documental
El exjefe de Extranjería también abordó la dificultad de exigir estándares documentales estrictos a ciudadanos que provienen de un contexto de crisis extrema. Haití es considerado por Sandoval como un «Estado fallido». Lo que obliga a las autoridades chilenas a tomar decisiones complejas sobre la marcha.
«Acreditar un vínculo de filiación, es decir, de padre e hijo en Haití, es muy difícil de hacerlo por las precariedades que tiene el estado de Haití», puntualizó. Esta situación llevó a que en gestiones anteriores se autorizara «cierta flexibilización con respecto a los documentos que servían de antecedente para esos permisos. Una forma de darle salida a la necesidad de padres en Chile que quieren traer a sus hijos y que no tienen una posibilidad de poder acreditarlo en la forma ideal».
Sin embargo, Sandoval advirtió que estas buenas intenciones chocan con la ineficiencia de los servicios. En sus palabras, «cuando tenemos deficiencias estructurales, cuando los servicios no tienen recursos, las decisiones y las medidas con buenas intenciones terminan quedándose en decisiones mediocres o decisiones ineficientes».
El lucro sobre la necesidad humanitaria
Finalmente, Sandoval analizó cómo la ausencia de vuelos comerciales directos entre Haití y Santiago abrió la puerta a un negocio inescrupuloso. En este escenario, surgieron los vuelos chárter que, aprovechando los vacíos legales, convirtieron la reunificación familiar en una oportunidad de mercado.
El experto señaló que «cuando el Estado no regula adecuadamente una realidad, siempre hay un interés de lucro que está atento a esos vacíos para poder hacer un negocio con eso siempre».
Sandoval profundizó en cómo estos operadores privados se infiltran en el proceso migratorio. «Alguien encuentra el negocio. Es posible que alguien esté ofreciendo no solamente el pasaje, sino que también el tramitar el permiso. El reclutar a la gente. Hacer la logística y el acompañar al menor. Entonces ahí estamos en una cuestión que individualmente por cada etapa puede cumplir la norma. Pero en la práctica tiene un objetivo ilícito», explica.
Para el exdirector, este objetivo ilícito consiste en «generar una realidad migratoria funcional a un interés de lucro y no necesariamente a los motivos que generan el beneficio migratorio que se está ocupando». En consecuencia, Sandoval concluyó que Chile enfrenta hoy un sistema que «está hecho para dar explicaciones y no para regular adecuadamente una realidad que es compleja».