La reciente entrega de la encuesta Democracia UDP y Feedback ha encendido las alarmas en el panorama político y social chileno. Según el estudio, existe una contradicción profunda en la ciudadanía: mientras el respaldo al sistema democrático vive su alza más importante, la desconfianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia ha llegado a niveles críticos.
Patricio Fernández, director de Democracia UDP, analizó estos resultados con Andrea Moletto y Antonio Quinteros en Palabra Que Es Noticia. Y destaca que el país enfrenta un escenario complejo. En este sentido, el experto calificó la situación actual de las instituciones legales con una frase tajante: estamos frente a un «diagnóstico bastante calamitoso».
El acceso a la justicia como pilar de la democracia
Para los chilenos, la democracia no se agota en las urnas. Según Fernández, los datos acumulados en los últimos dos años revelan que el estándar para evaluar la salud del sistema ha cambiado. De manera reiterada, la población ha manifestado que el valor supremo no son solo las elecciones, sino la equidad judicial.
En sus palabras, Fernández explicó que: «Lo que se repite como un atributo ineludible para decir que hay una democracia que vale la pena es el igual acceso a la justicia». Por esta razón, el estudio profundizó en cómo los ciudadanos perciben este servicio fundamental. Sin embargo, los resultados muestran una brecha enorme entre el deseo y la realidad percibida.
Fernández detalló que «este afecto creciente por la democracia, esta valoración inmensa del acceso igualitario a la justicia convive con la sensación de que esa justicia se percibe muy capturada por el poder político y por el dinero». Las cifras son elocuentes: un 86% ve el sistema como desigual y un 84% lo califica como lento.
Corrupción y privilegios: «La justicia no es ciega»
Uno de los puntos más críticos de la encuesta es la percepción de probidad. El estudio revela que un 91% de los encuestados percibe el sistema judicial como corrupto. Esta desconfianza se traduce en la creencia de que existen grupos privilegiados que logran evadir el rigor de la ley gracias a sus redes de influencia.
Al respecto, el entrevistado señaló con preocupación que la ciudadanía tiene una visión muy clara sobre quiénes reciben beneficios. Según Fernández: «Un 94% de los encuestados cree que los políticos reciben un trato favorable en la justicia. Un 85% cree que reciben un trato favorable las personas con plata y de clase alta».
Esta sensación de injusticia estructural se resume en una premisa que resuena con fuerza en la opinión pública: la justicia depende directamente del dinero, los contactos y hasta del lugar donde se vive.
El choque entre la «mano dura» y el garantismo
El estudio también abordó la creciente demanda por seguridad y castigos más severos. Existe un fuerte consenso respecto a las sanciones para los delitos de «cuello y corbata». Fernández indicó que un 94% de los chilenos exige penas de cárcel para los delitos económicos, evidenciando un anhelo de igualdad frente al castigo penal.
No obstante, el director de Democracia UDP advierte que en la ciudadanía conviven «dos corrientes que chocan». Por un lado, se observa un endurecimiento punitivo: un 61% está a favor de reponer la pena de muerte y un 74% apoya la expulsión o cárcel para inmigrantes ilegales.
Por otro lado, Fernández destaca que todavía existe una «base garantista que a algunos nos tranquiliza». Esto se refleja en que un 74% de la población aún defiende el principio de presunción de inocencia y un 71% considera fundamental la rehabilitación para evitar la reincidencia.
El declive de la «promesa autoritaria»
Finalmente, el análisis de la encuesta sugiere un cambio en la percepción política respecto a la seguridad. A pesar de la alta sensación de inseguridad, la idea de que un régimen autoritario es la solución parece estar perdiendo terreno frente a la valoración de la democracia.
Fernández analizó este fenómeno vinculándolo con el actual escenario político: «esa postura que vinculaba solución de la inseguridad con autoritarismo, esa promesa que llegó en algún momento con el gobierno de José Antonio Kast ha perdido potencia».
Para el experto, el fortalecimiento de la adhesión democrática demuestra que «hubo un canto que no penetró del todo». Además, añadió que, transcurridos los primeros meses del actual gobierno, la percepción de capacidad técnica ha decaído. Según Fernández, lo que se esperaba como un gobierno de alta categoría «ha demostrado una mayor mediocridad», y en materias clave como la seguridad, «se terminó reconociendo que no había plan».
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