La reciente investigación por el presunto tráfico de migrantes que involucra a menores de edad haitianos en Chile ha revelado profundas grietas en el sistema de protección estatal.. Tras un preinforme de la Contraloría General de la República que alertaba sobre 64 casos de niños inubicables, la Policía de Investigaciones (PDI) y diversos operativos municipales lograron dar con el paradero de 25 de ellos.
Ante este escenario, Patricia Muñoz, exdefensora de la Niñez, analizó en Palabra Que Es Notica en profundidad las fallas sistémicas que permiten que estos menores queden en un limbo administrativo..
Una ley de garantías que no se cumple
A pesar de contar con un marco legal robusto desde hace años, la implementación parece estancada en la burocracia. Muñoz es enfática al señalar que, aunque el país cuenta con herramientas, la ejecución falla. «La verdad es que todo lo que ha pasado deja de manifiesto desafortunadamente que a pesar de que en Chile desde 2022 tenemos una ley que obliga a las instituciones del Estado a coordinarse para prevenir vulneraciones de niños, seguimos sin que la institucionalidad lo cumpla», señala.
La exdefensora apunta directamente a la falta de liderazgo en la gestión de estos datos. Según su análisis, la Subsecretaría de la Niñez no ha sido «capaz de coordinar a la institucionalidad en tanto órgano rector del sistema de garantía». Esta falta de articulación explicaría por qué niños que están dentro del sistema no han sido localizados de manera eficiente por las autoridades correspondientes..
La invisibilidad de los niños escolarizados
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es que muchos de los menores considerados «desaparecidos» estaban asistiendo a clases regularmente. Muñoz destaca la negligencia en el manejo de la información educativa: «Son niños que el Estado tiene visibles. Porque cuando tú estás en una escuela tienes un registro, el Ministerio de Educación tiene esos registros. Lo que pasa es que siguen sin cumplir su obligación de operar los datos».
Para la exdefensora, el hecho de que medios de comunicación encontraran a los menores antes que el propio Estado es revelador. Muñoz sostiene que esta situación «deja mucho que desear respecto de cómo la institucionalidad funciona». Además, recalca que la precariedad de las familias migrantes las empuja a situaciones de riesgo. «La situación de la precariedad de las familias haitianas les genera a ellos la necesidad de recurrir a agencias que lo que hacen es traer a los niños en circunstancias que habrá que revisar», complementa.
El ciclo de la reacción política
Muñoz describe una conducta recurrente en la clase política chilena frente a los derechos de la infancia. En este sentido, critica que la atención sea meramente reactiva. «Vemos que la política sale rasgando vestiduras cuando ocurren situaciones de crisis y de gravedad. Pero eso dura el minuto que dura la noticia», sostiene.
La frase más cruda de su intervención resume esta desatención sistemática. «Luego se les olvidan los derechos de los niños hasta que aparece otro niño muerto, hasta que aparece otra situación de gravedad como la que hemos conocido y volvemos a esta cosa media cíclica», afirma. Por lo tanto, Muñoz hace un llamado a que el compromiso no sea solo publicitario, sino que se transforme en un «compromiso efectivo» y en un «llamado de atención real» para instaurar definiciones concretas..
Responsabilidades institucionales y flujo de datos
Respecto a quién debe asumir la responsabilidad final de este seguimiento, Muñoz no duda en identificar al órgano rector.. Explica que el proceso de coordinación debería tener fluidez y ser lógico. Según describe Muñoz, «ingresa un vuelo con niños. Lo que debiera pasar es que en coordinación directa entre la PDI Migraciones se entreguen esos antecedentes de todos los niños que ingresaron a Chile a la subsecretaría de la niñez»..
Posteriormente, la Subsecretaría debería informar a las oficinas locales de cada municipio para asegurar la escolarización y salud de los menores. Muñoz ironiza sobre la simplicidad técnica de esta tarea. «No hay que estudiar física cuántica para mandar información y para pedirle a una oficina local de niñez que vaya, contacte a las familias haitianas y realice los ingresos que correspondan», comenta.
Críticas a la gestión de la Defensoría actual
Finalmente, Patricia Muñoz también dirigió críticas hacia el rol que ha desempeñado la actual Defensoría de la Niñez en este conflicto.. A su juicio, la institución ha fallado en su rol de magistratura de persuasión. «A mí me parece que la defensoría de la niñez es una magistratura de persuasión, tiene la obligación de lograr que las instituciones del Estado hagan su trabajo», asegura.
Cuestionó que la actual administración se limitara al envío de oficios sin respuesta. «¿No le parece que tenía que decir que no le estaban respondiendo? ¿No le parece que es necesario que en este país, en la agenda pública esté que los derechos de la niñez no están siendo respetados y protegidos? A mí me parece de la esencia del cargo», sentencia. La exdefensora concluyó instando a que el uso político de estos casos quede en un quinto plano frente a la urgencia de proteger a los menores de posibles delitos graves como la explotación sexual..