El panorama político nacional ha experimentado un cambio drástico tras la reciente Cuenta Pública 2026. Según los datos de la última encuesta Plaza Pública Cadem, la aprobación del Presidente José Antonio Kast subió al 43%. Este resultado representa su mejor evaluación desde el pasado 24 de marzo y marca un punto de inflexión en su gestión.
Paralelamente, la desaprobación del Mandatario registró una caída significativa de cinco puntos, situándose en un 50%. Este fenómeno, impulsado por el discurso presidencial, ha permitido que Kast supere el desempeño histórico de sus antecesores en el mismo periodo de mandato. Por consiguiente, el Gobierno recupera terreno en la opinión pública tras semanas de estancamiento.
Los grupos que impulsan el repunte presidencial
El aumento en el respaldo no es casualidad, sino que responde a una mayor adhesión en sectores anteriormente distantes. En primer lugar, destaca el salto en el centro político, donde la aprobación creció 15 puntos hasta llegar al 36%. De igual forma, los jóvenes entre 18 y 34 años aumentaron su apoyo en 9 puntos, alcanzando un 29% de respaldo.
Además, los sectores medios y los habitantes de la Región Metropolitana también mostraron una tendencia al alza. Los estratos medios subieron 7 puntos para ubicarse en un 40%, mientras que en la capital el apoyo llegó al 43%. Estos datos sugieren que el mensaje de seguridad logró conectar con las preocupaciones cotidianas de la clase media y la juventud urbana.
Apoyo masivo al nuevo Registro de Vándalos
Uno de los anuncios más celebrados de la Cuenta Pública fue la creación del Registro de Vándalos e Incivilidades. Esta iniciativa cuenta con un abrumador 67% de aprobación ciudadana, frente a un escaso 28% que se opone. El respaldo es transversal en casi todos los niveles socioeconómicos y tramos etarios del país.
Las personas identifican problemas críticos en sus barrios que justifican esta medida. Por ejemplo, el consumo de drogas y alcohol en espacios públicos, el «delivery agresivo», la presencia de personas durmiendo en la calle y el uso de fuegos artificiales son las mayores fuentes de temor. En consecuencia, existe una demanda social urgente por recuperar el orden en el espacio público.
Castigos severos: el retiro de beneficios estatales
Respecto a las sanciones para quienes cometan incivilidades graves, la ciudadanía prefiere medidas directas. Aunque un 49% opta por multas o reparación de daños, un notable 30% apoya la pérdida temporal de beneficios sociales entregados por el Estado. Esta propuesta busca vincular la responsabilidad ciudadana con la ayuda fiscal.
Entre los beneficios que la gente está más dispuesta a retirar destacan los bonos y transferencias monetarias con un 72% de acuerdo. Asimismo, el 70% apoya quitar la licencia de conducir y el 69% el pasaporte a los infractores. Incluso la pérdida de la gratuidad en educación superior cuenta con un 63% de respaldo entre quienes apoyan estas sanciones.
El dilema de las nuevas cárceles
Finalmente, el estudio abordó la crisis carcelaria con resultados contradictorios. Un rotundo 72% de los chilenos exige construir más cárceles para combatir la delincuencia. No obstante, el apoyo disminuye drásticamente cuando el recinto se proyecta cerca del hogar.
Mientras un 65% acepta una cárcel en su región, solo el 13% la querría en su propio barrio. Por otro lado, un 61% de los encuestados está de acuerdo con ampliar la cárcel de Santiago 1 como medida de corto plazo. Estos resultados reflejan que, si bien hay consenso en la necesidad de infraestructura penal, nadie quiere tenerla en su «patio trasero».