El primer informe de inspección total al Estado abrió un frente de preocupación en la administración pública tras detectar señales de riesgo en más de 500 servicios.
El documento, que revisa datos de 2025 y parte de 2026, pone el foco en licencias médicas prolongadas, compras ágiles reiteradas y convenios millonarios sin rendición suficiente.
Según el reporte presentado en la segunda sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, el análisis cruzó más de 213 millones de registros provenientes de bases administrativas, transaccionales y plataformas de transparencia. El objetivo, detectar patrones de uso irregular o ineficiente de recursos públicos.
Entre los hallazgos más sensibles aparece el uso intensivo de mecanismos de contratación rápida y transferencias a entidades de reciente creación. Lo que abre dudas sobre control, trazabilidad y cumplimiento de objetivos.
Compras ágiles, convenios millonarios y licencias prolongadas en el centro del análisis
El informe detectó más de USD 140 millones transferidos a entidades con menos de un año de existencia, además de más de 65 mil adquisiciones mediante “Compra Ágil”. Donde un mismo proveedor concentró múltiples adjudicaciones en un solo día, según consignó ADN.
A eso se suman más de mil contratos con compromisos fiscales de mediano y largo plazo y más de 2.500 incorporaciones a plantas del Estado durante el último tramo de 2025.
Uno de los puntos que más atención genera corresponde a la gestión de convenios. El documento identifica más de mil contratos terminados y pagados en su totalidad, pero con rendiciones incompletas que superarían los USD 50 millones.
En paralelo, el sistema también registra cerca de 100 mil trabajadores con licencias médicas superiores a un mes. Incluyendo más de mil casos que superan el año de duración.
La subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, recalcó que los hallazgos no implican irregularidades concluidas. “Dichas situaciones no constituyen por sí mismas irregularidades concluidas. Pero sí representan alertas de riesgo que justifican su revisión en profundidad”, señaló.
Además, agregó el tono político del proceso: “Este es un hecho inédito. En tiempo récord, estamos cumpliendo con el compromiso del Gobierno del Presidente Kast de avanzar con la mayor rigurosidad y asegurar el cuidado de los recursos públicos”.
El informe también advierte traspasos masivos de personal desde honorarios a contrata y programas con evaluaciones insuficientes o deficientes. Reforzando la necesidad de revisión caso a caso.
Auditoría del Estado: más revisión, más cruces de datos y posibles derivaciones
El proceso de auditoría seguirá durante las próximas semanas. Hasta el 16 de abril se recibirá información correspondiente a 2024, luego entre el 17 y el 27 de abril se analizará 2023, y finalmente entre el 28 de abril y el 6 de mayo se revisará 2022.
Tras esa etapa, el comité consolidará los hallazgos y eventualmente derivará antecedentes a otros organismos de control.
La discusión pública se instala en un punto clave. Eficiencia del gasto, control administrativo y transparencia en el uso de recursos fiscales. En un escenario donde cada hallazgo podría abrir nuevas líneas de investigación dentro del aparato estatal.