En Palabra Sacan Palabras, Andrea Moletto y Álvaro Paci conversaron con el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, sobre el rechazo unánime de la Corte de Apelaciones a su desafuero por el caso ProCultura.
Acusación falsa
Tras dos años de investigación, se comprobó la inocencia de la autoridad regional. “No solamente en materia del comportamiento del gobierno regional no hubo delito, sino que actuamos correctamente”, afirmó.
En ese sentido, Orrego destacó la importancia de corregir acusaciones falsas, como la que negaba la existencia de un programa de prevención del suicidio. “Existió el programa. Se ejecutó durante un año, atendió a más de 15 mil personas y 150 instituciones. Y cuando la Fundación ProCultura incumplió con el convenio que tenía con nosotros, le pusimos término, pedimos la restitución de los fondos, cobramos las pólizas de seguro y fuimos los primeros en querellarnos contra Procultura por este caso”, expresó.
La historia del Programa de Prevención del Suicidio
El Gobernador también descartó que la asignación de fondos a la Fundación ProCultura fuera un favor personal a su director, Alberto Larraín. Orrego descartó una amistad con el psiquiatra y explicó que lo conoció cuando fue alcalde de Peñalolén, para la creación de un centro de salud mental.
Asimismo, la relación con Larraín siempre había sido con motivo del trabajo en salud mental, algo que formaba parte del programa de gobierno de Orrego en 2021. “En la página 55 digo que vamos a hacer un programa de prevención del suicidio. Hicimos un cabildo y la gente dijo que el principal problema de salud mental en Santiago era el suicidio”, explicó.
“No hicimos una reunión a puerta cerrada, hicimos una mesa regional de suicidio convocando a cerca de 50 instituciones”, agregó. Según el Gobernador Metropolitano, todas estas organizaciones crearon un programa conjunto y eligieron a Procultura para presentarlo. Este fue analizado y aprobado por el Consejo Regional.
“La idea de que esto fue un «arreglín” no tiene justificación, cuando tenemos las nóminas de las 15 mil personas que se atendieron. El programa sigue siendo ejecutado por el servicio Salud Oriente y nadie ha cuestionado que no haga su trabajo”, concluyó.
Persecución política
El Gobernador Metropolitano no cree que la fiscalía de Antofagasta haya tenido alguna intencionalidad política con la acusación, como sí habrían tenido los abogados querellantes, Pablo Toloza de la UDI, y una abogada del Partido Republicano. “Son los mismos que están pidiendo mi destitución con los consejeros. Dijeron que el programa no existía y nunca dieron evidencia. Entonces, creo que hubo una instrumentalización de la justicia con fines políticos por parte de estos abogados”, acusó.
“Yo he administrado instituciones durante 35 años y siempre he destacado no solo por la buena gestión, sino por la absoluta transparencia y probidad. ¿Qué es lo diferente ahora? Que yo tengo 2,5 millones de votos. Un potencial electoral. ¿Por qué cuando fui intendente, alcalde o ministro nunca me atacaron? Tengo la impresión de que la intencionalidad política era porque tenía una figuración política y algunos pensaron que esta era una manera de detenerme”, concluyó.