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Gobierno aplaza cambio referente a cantidad de años de enseñanza básica y media

El Gobierno tomó la decisión de aplazar una medida que considera cambios estructurales mayores para la educación escolar básica y media.

Nicolás Merino |

Diseño Sin Título   2026 01 20T124327.819 (1)

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En 2009, se promulgó la Ley General de Educación, que establecía una modificación en la estructura de la educación escolar. Originalmente, la ley fue concebida como respuesta a las movilizaciones estudiantiles del 2006, la denominada «revolución pingüina». En su momento, esa ley fue el reemplazo de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). Esta ley considera múltiples transformaciones tanto en enseñanza básica como media.

Entre las definiciones que contempla la ley, se establece el cambio del sistema de ocho años de enseñanza básica y cuatro de media por uno de seis de básica y seis de media. Sin embargo, el actual Gobierno ingresó una una indicación en el proyecto que aplaza la medida al menos hasta el año 2030.

El Gobierno explicó que el calendario de traspaso al nuevo modelo, que considera 70 Servicios Locales de Educación Pública, fue extendido hasta el año 2029, proceso que originalmente estaba previsto para concluir en 2025.

Al menos para efectos de la normativa vigente, el cambio debería aplicarse durante el 2026, aunque originalmente la implementación estaba prevista para el 2018. Y esta vez, el Ejecutivo propuso otra postergación, pues se argumenta que el sistema educativo no está en condiciones para implementar la medida.

Entre los argumentos, desde el Gobierno se señaló que como factores influyentes la falta de docentes especialistas en Educación Media. Pues se estiman 72 mil horas pedagógicas necesarias para cumplir con el plan de estudios. También señalaron condiciones de infraestructura específica y los efectos fiscales que vendrían asociados con la implementación de este nuevo modelo.

Reacciones

Según datos levantados por Radio ADN, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló que es verdad que aún cuando existen casos y territorios donde pueden presentarse dificultades pedagógicas, el principal argumento para la postergación tiene que ver con las consideraciones de tipo fiscal relacionadas con los costos de implementación.

Por ahora, la indicación continuará su tramitación. Esto a partir de la discusión del proyecto de reajuste al sector público.

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