La Ley 21.561, que establece la reducción gradual de la jornada laboral en Chile hasta llegar a las 40 horas semanales, volverá al centro del debate político y económico con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda en marzo de 2026.
Aunque el presidente electo ha afirmado públicamente que “no va a tocar la ley”, su programa de gobierno y las definiciones de su equipo abren interrogantes sobre la forma en que esta normativa será aplicada en el próximo periodo presidencial.
La ley, promulgada en 2023, ya inició su implementación:
Desde abril de 2024 la jornada se redujo de 45 a 44 horas. El calendario legal contempla dos nuevas rebajas obligatorias: 42 horas en abril de 2026 y 40 horas en abril de 2028. Se trata de un cronograma establecido por ley, que no depende de decisiones administrativas del Ejecutivo.
Desde el punto de vista jurídico, derogar o modificar sustancialmente la Ley de las 40 horas en el corto plazo es altamente improbable. Así lo explica Pedro Peña, especialista en derecho laboral y cofundador del estudio jurídico soytrabajador.cl. Quien señala que cualquier cambio de fondo requiere un nuevo proyecto de ley, discusión parlamentaria y quórums en el Congreso.
“Por plazos legislativos, es prácticamente imposible modificar la ley a la brevedad”, advierte.
No obstante, el margen de acción del próximo gobierno no está en la derogación, sino en la interpretación y aplicación práctica de la norma.
En ese ámbito, la Dirección del Trabajo (DT) cumple un rol clave, ya que sus dictámenes pueden definir criterios sobre distribución de jornada, sistemas excepcionales y modalidades de turnos, sin necesidad de pasar por el Congreso. Un eventual cambio de enfoque en la DT podría tener efectos inmediatos en la forma en que las empresas aplican la reducción horaria, según consignó ADN.
Programa Laboral de José Antonio Kast
El propio programa laboral del equipo de Kast apunta a “más flexibilidad, menos regulaciones y menos burocracia”, y plantea revisar con “seriedad” el impacto de medidas como las 40 horas, el salario mínimo y la Ley Karin, especialmente en las pymes. Esto anticipa un énfasis en flexibilizar la implementación, más que en desmantelar la ley.
Según Peña, una revisión mal calibrada puede generar efectos relevantes en sectores con dinámicas especiales de trabajo. “Comercio, gastronomía, hotelería, logística y salud dependen de sistemas de turnos y jornadas excepcionales que fueron considerados por la ley. Ajustes interpretativos mal diseñados pueden elevar costos o generar conflictos laborales”, explica.
En términos prácticos, la reducción a 42 horas en 2026 sigue plenamente vigente, independientemente del cambio de gobierno. Las empresas deben prepararse para ese escenario, ajustando contratos, sistemas de control horario y organización interna. Para los trabajadores, el derecho a una jornada reducida continúa siendo exigible conforme al calendario legal.
En este contexto, el debate ya no gira tanto en torno a si la Ley de las 40 horas seguirá existiendo, porque todo indica que sí. Sino cómo será aplicada bajo un gobierno que ha manifestado una mirada crítica hacia el actual marco regulatorio laboral.
El verdadero impacto del nuevo ciclo político se jugará en la letra chica. Dictámenes, fiscalización y criterios administrativos que definirán el alcance real de la reducción de jornada en Chile durante el periodo 2026–2030.