En Palabras Sacan Palabras, Andrea Moletto y Álvaro Paci conversaron con Valentina Correa, socióloga e hija de Alejandro Correa, empresario asesinado en 2020 tras denunciar la toma de su terreno en Quilpué.
Cierre del caso
Tras varios años de procesos judiciales, Valentina Correa explicó que la demolición de la toma no sólo significó un cierre para su familia, sino que también lo consideró un logro para la democracia y el estado de derecho.
“No fue un logro familiar, fue un logro para la democracia”, recalcó la socióloga.
Además, destacó el alivio de haber alcanzado una resolución pacífica y sin episodios de violencia.
“Creo que es coherente con nuestro estilo de vida, con la formación valórica de nuestra familia. Siempre intentamos mantener un mensaje inclusivo, empático y no de odio”, señaló Correa.
El rol del Estado
En la entrevista, también se abordó el rol que tuvo el Estado para el desalojo, donde Correa criticó principalmente a Gabriel Montes, Ministro de Vivienda. Según explicó, la falta de una intervención a tiempo generó un clima de inseguridad para su familia.
«Acá no estábamos hablando de un privado que le habían tomado un terreno y quería que el estado se lo solucionara. Acá lo primero que le estábamos pidiendo al estado y al ejecutivo era que nosotros necesitábamos protección, necesitábamos que se pusiera el gobierno, que en este caso era el Ministerio de Vivienda», comentó Correa.
«Le pedimos al Ministro que hiciera cumplir la ley, no que nos hiciera un favor», agregó.
Compra de terreno
Valentina Correa también desmintió que su molestia con Montes se debiera a que el Gobierno no quisiera comprar el terreno disputado.
«Es falso decir que yo quería que el Gobierno me comprara el terreno. La administración de Piñera, que tenía la atribución, o sea, que tenía la orden de demolición, no quiso ejecutarla. Al final, dos meses antes de su mandato, me ofertaron por la apropiación. Pero no prosperó por el cambio de mando», aseguró.
Cuando el nuevo Gobierno asumió, Correa acudió nuevamente para que se ejecutara la orden de demolición, argumentando que su principal objetivo siempre fue proteger la vida de las personas y no obtener beneficios económicos.
«Yo creo que si, el Presidente tiene empatía con el sufrimiento de mi familia, pero desde la autoridad política, acciones hacen corazones», concluyó Valentina Correa.