En Palabras Sacan Palabras, Andrea Moletto y Álvaro Paci conversaron con la socióloga, académica de la Universidad de Santiago y autora de «Anatomía del poder ilegal», libro que recopila más de una década de entrevistas, viajes e intercambios culturales para analizar cómo ha evolucionado la violencia, la inseguridad y el crimen organizado en América Latina.
Sobre el libro, Dammert explicó que «tiene el objetivo de mejorar la conversación sobre el crimen. A veces nos quedamos con las cosas sencillas y no nos centramos en la consolidación del mercado ilegal en Chile y en toda América Latina».
«Estos mercados ilegales han logrado conseguir tanto dinero que su siguiente paso es funcionar gracias a la corrupción. El fenómeno que tenemos no es el narcotráfico, es el mercado ilegal y la corrupción, que se aprovecha de la debilidad estatal para perseguir y fiscalizar», añadió.
Cocaína y el mundo de la exportación de drogas en América Latina
Sobre el tráfico de drogas en Latinoamérica, la socióloga detalló que «el continente es el productor de un 80% de la cocaína en el mundo. No hay ni un país que se pueda librar de ser parte de este mercado ilegal. Incluso países como Chile o Uruguay hoy son parte del fenómeno porque también aumentó el consumo de drogas químicas».
«Las redes ahora son más franquicia que mercado único. Como la droga es lo más perseguido, estos grupos ilegales empiezan a moverse con otro tipo de productos como el contrabando de cigarrillos, el tráfico de migrantes o el movimiento de oro ilegal. La flexibilidad de las organizaciones es muy fuerte», advirtió.
Cómo enfrentar el crimen organizado
Sobre qué hacer frente a este fenómeno, Lucía Dammert planteó que «más allá de agarrar a los vendedores de drogas de la esquina que es lo que hemos hecho los últimos 15 años, tenemos que empezar a buscar a la gente que administra esa plata».
«Si uno quiere terminar con el negocio de las drogas, primero hay que entender que mientras haya demanda habrá presión de los grupos criminales. Hay que tener la apertura de discutir si ciertas drogas como la marihuana tienen que pasar a ser reguladas en el marco de la legalidad», añadió.
Así, enfatizó que «mientras el mercado siga corrompiendo funcionarios, todo lo otro termina siendo una parodia. Uno hace como que los persigue y ellos hacen como que son perseguidos, pero hay un sustento político e institucional que permite que esto florezca».
Caso chileno
Respecto a la situación en nuestro país, la autora de «Anatomía del poder ilegal» señaló que «ningún país tiene la capacidad de decir que está lejos de la corrupción. Hay que tener respuestas rápidas y castigos notables y rápidos para que no se convierta en la forma de mover el negocio como pasa en otros países».
«Vimos casos como el Pacogate o el uso de dinero en los militares que llaman a resolver el cómo vamos a vigilar a quienes nos vigilan y cómo vamos a fiscalizar el flujo del dinero. Se tiene que generar la menor cantidad de incentivos para que el negocio sea rentable», agregó.
De esta forma, la socióloga y experta en seguridad reflexionó sobre la respuesta del Gobierno chileno. «Pasó muchas leyes que endurecieron el sistema. Dio señales que quiere avanzar en algunas áreas, pero sigue entendiendo el fenómeno del narcotráfico como el principal negocio ilegal y no le ha dado la luz que requiere a toda esta otra enmarañada red de negocios ilegales».
Seguridad en las presidenciales y rechazo a remoción de Antonio Ulloa
Lucía Dammert también se refirió a la seguridad y las instituciones desde la contingencia. Así, reflexionó sobre cómo se ha desarrollado la discusión de seguridad en las presidenciales: » Lamentablemente la seguridad es un negocio en dos niveles. Es un negocio criminal y electoral. Es una de esas áreas donde ser duro y proponer cosas altisonantes trae resultados rápidos. Eso estamos viendo hoy».
La socióloga comentó también el rechazo de la Corte Suprema al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. «Algunos problemas de la justicia es que cuando pierde la confianza de la ciudadanía es muy difícil recuperarla», matizó.
«La relación de política y justicia se pone en entredicho y se confirma que hay una justicia para unos y otra distinta para otros. Eso no ayuda al fortalecimiento del Estado de Derecho. Esa decisión tendrán que explicarla ellos mismos. Me llama la atención leer a especialistas que dicen que la decisión responde más a algo político que a algo técnico. Eso me parece preocupante», concluyó.
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