El pasado 29 de septiembre, el presidente Donald Trump anunció que impondrá un arancel del 100 % a todas las películas producidas fuera de Estados Unidos. Declaró que otras naciones «han robado nuestro negocio cinematográfico».
La medida forma parte de una política proteccionista que apunta directamente al corazón de Hollywood y sus alianzas internacionales.
Donald Trump quiere recuperar el cine para Estados Unidos
Aunque no están definidos los detalles operativos, como cómo se aplicaría este gravamen a producciones rodadas en el extranjero por estudios estadounidenses, industrias, expertos y gobiernos de otros países ya han encendido las alarmas. El anuncio recuerda que gran parte del cine estadounidense se apoya en localizaciones internacionales. También depende de incentivos fiscales en Reino Unido, Canadá u otros países, y colaboraciones globales que permiten reducir costos o acceder a paisajes diversos.
Trump fue crítico con la gerencia del estado de California, culpando el robo y la nula protección de la cultura cinematográfica: «Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado de los Estados Unidos por otros países, como si le robaran un dulce a un bebé. California, con su gobernador débil e incompetente, ha sido especialmente golpeada».
El riesgo de imponer aranceles tan altos al cine extranjero reside en fragmentar esa cadena internacional. Muchas películas modernas dependen de coproducciones que movilizan talento, financiamiento y locaciones en varios países. Si cualquier escena rodada fuera de EE. UU. queda automáticamente sujeta al 100 %, los costos podrían dispararse o incluso hacer inviables proyectos complejos.
Además, la medida podría desencadenar represalias desde otros países o bloques regionales. Esto compromete aún más las reglas del comercio cultural. Por otro lado, la industria estadounidense que va al exterior también se vería afectada. Rodajes de franquicias, como sagas de acción o cine de efectos especiales que aprovechan locaciones internacionales, quedarían bajo riesgo de ser sufrir fuertes sanciones.
Finalmente, la propuesta de Donald Trump ha generado cuestionamientos jurídicos: ¿tiene autoridad el presidente para imponer aranceles tan radicales sobre bienes culturales o servicios? ¿Se contravendrían tratados internacionales o reglas de comercio de servicios? Estas dudas jurídicas añaden incertidumbre a un anuncio que, de concretarse, alteraría profundamente el comercio del cine global.