En un nuevo programa de Palabras Sacan Palabras, Andrea Moletto conversó con María Inés Horvitz, doctora en Derecho y exconsejera del Consejo de Defensa del Estado, sobre la orden de la justicia a los herederos de Augusto Pinocher de devolver 16 millones de dólares al Estado chileno por la sustracción de caudales públicos.
La Justicia Civil acogió la demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra los herederos de Augusto Pinochet, ordenándoles restituir más de 16 millones de dólares malversados de fondos públicos. La resolución, vinculada al controversial caso Riggs, marca un hito en la persecución de bienes obtenidos ilícitamente durante la dictadura cívico-militar.
Caso Riggs: Destape por casualidad de un entramado para ocultar el dinero
Horvitz contextualizó la sentencia y recordó cómo se destapó el caso: “A propósito del atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, se citó un acta patriota que permitía levantar el secreto bancario para verificar cuentas de eventuales grupos terroristas. Eso permitió a un comité del Senado de Estados Unidos tener conocimiento de que existían estas cuentas bancarias, estamos hablando de 125 cuentas a distintos nombres que tenía Augusto Pinochet junto con su familia”.
Horvitz explicó que el descubrimiento llevó al CDE a investigar un entramado de cuentas y sociedades offshore utilizadas para mover y ocultar el dinero. Un peritaje logró establecer que el patrimonio ilícito ascendía a 21 millones de dólares. De ellos, solo 4 millones podían justificarse con ingresos lícitos de Pinochet; los 17 millones restantes no tenían origen acreditado.
Según la exconsejera, la sentencia confirma que “la forma en que se defraudó fue a través de la Casa Militar, de la Presidencia de la República y del Ejército. Eran gastos reservados. Ya hemos visto, a propósito de casos como Milicogate, Pacogate, con la PDI, etc., que son dineros que se asignan, supuestamente, para operaciones de inteligencia secreta, y que la única forma de rendirlos es a través de un certificado de buena inversión”.
Además, recalcó que la resolución no solo abarca fondos líquidos, sino también bienes inmuebles adquiridos mediante sociedades fantasma. El fallo obliga a los herederos a restituir el dinero “a prorrata de sus cuotas hereditarias”.
“Todo lo que estaba incautado, no era solamente dinero en pesos o en dólares, sino que también muchos bienes inmuebles que estaban a nombre de estas sociedades offshore, Bellevue, Eastview, Havana, etc. Pinochet tenía pocas cosas a su nombre. Sabemos que la familia Pinochet cobraba los arriendos, por ejemplo, respecto a esos bienes”, explicó.
Pinochet y la sustracción de caudales públicos
La exconsejera también reflexionó sobre la dimensión histórica del caso: “Todo esto lo hizo aprovechando su poder a espaldas del pueblo de Chile. Y que se viene a descubrir por casualidad. Es terrible pensar que si no hubiera pasado esto, nunca se hubiera sabido. Y en este momento, la familia Pinochet estarían, todos, gozando de este botín. Uno no puede creer que haya ocurrido todo esto y todavía se tenga una buena opinión de este dictador”.
Para Horvitz, la sentencia deja lecciones pendientes: “Estoy muy decepcionada de la clase política que trata de obtener dividendos mezquinos. Todo lo que es el problema de la corrupción, es que el Estado deja de existir. Ya no hay Estado, por así decirlo. Lo controlan las bandas, los grupos organizados de la droga, de las armas, etc. Entonces, cuando se plantea, por ejemplo, levantar el secreto bancario, me parece tan mezquino todo lo que se argumenta para impedirlo”.
El fallo del CDE abre un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia: “No hay mecanismos institucionales eficientes para detener esto. Porque los propios parlamentarios no están dispuestos a legislar, a cambiar, por ejemplo, el sistema de nombramiento judicial”, señaló Horvitz.