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Abuso policial, acción organizada y torturas: todos los detalles de la denuncia de Universidad de Chile por la tragedia en Avellaneda

La denuncia de Universidad de Chile acusa a funcionarios públicos, policías bonaerenses y personal de seguridad privada.

Universidad De Chile
Getty Images

Este lunes 25 de agosto, Universidad de Chile presentó una denuncia formal. En representación del club, Michael Clark, presidente de Azul Azul se querelló por los hechos de violencia y barbarie que se vivieron en el Estadio Libertadores de América en el partido entre Independiente y la U por Copa Sudamericana.

Con los detalles entregados por ADN.cl, el timonel azul, acompañado del director José Ramón Correa y el abogado de la entidad, Jorge Arredondo, acudió a la Fiscalía Provincial de Buenos Aires (UFI N°4), donde se reunió con el fiscal Mariano Zitto para presentar cargos por los delitos que afectaron a fanáticos del cuadro estudiantil.

La denuncia acusa directamente a barristas de Independiente, pero también a funcionarios públicos. Policías bonaerenses y personal de seguridad privada por lo ocurrido.

“Venimos a formular una denuncia penal contra todas aquellas personas que, con el devenir de esta investigación, resulten responsables en calidad de autores, coautores, partícipes, cómplices o encubridores de los hechos de extrema violencia sucedidos el 20 y 21 de agosto de 2025 en el Estadio Libertadores de América – Ricardo E. Bochini durante y después del encuentro disputado por octavos de final de la Copa Sudamericana entre el Club Atlético Independiente y el club Universidad de Chile», señala el documento.

El escrito apunta que “la presente denuncia penal está dirigida a todos aquellos funcionarios y agentes municipales. Provinciales y nacionales que hayan sido responsables de organizar y coordinar el evento; al personal policial de la Provincia de Buenos Aires y/o de las distintas fuerzas de seguridad que hayan tenido intervención en los hechos».

“Y todo aquel personal de seguridad privada que oportunamente hubiere sido contratado a tales efectos, por la innumerable cantidad de hechos reportados que han implicado detenciones y apremios ilegales, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes que han sido cometidos en el desarrollo de sus funciones de prevención, contención y protección de los ciudadanos», agrega.

Las acusaciones presentadas por Azul Azul por la tragedia en Avellaneda

El documento ingresado por la dirigencia de la U incluye una serie de imágenes que fueron divulgadas en redes sociales y relatos de la prensa argentina. “Dichos registros reflejan escenas de una gravedad inusitada, que evidencian el nivel de ensañamiento y la absoluta indefensión en la que se encontraron las víctimas”, afirman.

Asimismo, el club fue categórico al describir el actuar policial: “La nula intervención policial y de las distintas fuerzas encargadas de la seguridad significó dejar abierto el accionar violento de los agresores y permitió que la situación derivara en una verdadera masacre”.

“Más grave aún resulta el hecho de que, una vez que los hinchas de la U de Chile se retiraban como podían de la tribuna visitante. El personal policial priorizó un procedimiento arbitrario de detención masiva en las salidas del estadio, cometiendo actos claros de abuso de poder que implicaron apremios y torturas, y que dejaron a un sinnúmero de hinchas heridos -muchos ellos de gravedad-“, añaden.

También consignan que esa noche ningún agresor argentino fue detenido, y que la represión se dirigió exclusivamente contra los hinchas azules: “Nuestros hinchas sufrieron constantes maltratos, golpes. Robo de pertenencias y la privación del debido acceso a una atención médica producto de sus graves lesiones sufridas”.

Finalmente, Azul Azul aseguró que lo vivido en Avellaneda no fue casualidad: “No se trató de incidentes aislados ni espontáneos, sino de una acción organizada (…) lo que propició una verdadera masacre”.

La denuncia establece que cada uno de los involucrados pueden ser juzgados por homicidio en grado de tentativa, privación ilegítima de la libertad. Torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, lesiones graves y gravísimas, asociación ilícita, robo y hurto e incumplimiento a los deberes de funcionario público, entre otras cosas, según detalla el documento.


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