En una nueva edición de Palabra Que es Noticia, Andrea Moletto y Antonio Quinteros conversaron con Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, a propósito del caso de drogas en la Fach, la liberación del sicario de Meiggs y la situación del crimen organizado en el país.
Mal funcionamiento de las instituciones
El pasado 10 de julio, Osmar Ferrer Ramírez quedó en libertad tras ser acusado como asesino del “Rey de Meiggs”. Desde entonces, múltiples teorías han cuestionado el accionar de Irene Rodríguez, la jueza del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, quien firmó la orden de liberación. Si bien la posible falsificación de documentos quedó descartada, el ministro de Seguridad Pública describió la situación como inexplicable.
«La única forma de poder hacerle frente es que los funcionarios públicos confíen en la institución para denunciar. Si el funcionario no confía, queda absolutamente desvalido y no hay ninguna posibilidad de perseguir estos casos”, manifestó Johnson, ante la posibilidad de extorsión
Ante posibles casos de extorsión, hizo hincapié en la relevancia de resguardar al denunciante. “Un sistema robusto para proteger la identidad del denunciante que nos va a permitir fomentar la denuncia. De lo contrario, la posibilidad de que una persona haga una denuncia baja, porque se va a sentir en riesgo”.
Transparencia y probidad
Refiriéndiose al caso de drogas en la Fach: «Había una idea equivocada sobre los militares: su formación los hacía menos permeables a la corrupción», sentenció Johnson.
Tras la discusión de competencias, el Ministerio Público formalizó a los cinco exfuncionarios de la Fach que fueron detenidos transportando 4kg de ketamina a Santiago. Ante esto se pudo establecer una estructura criminal, en la que operaban tres funcionarios, quienes han realizado tres envíos en lo que va del año. Ante esto Johnson analizó que: “Cualquier institución que trabaje en la frontera o en contacto con organizaciones delictuales, tiene riesgo de ser cooptada por estas». Sin embargo, también aclaró que: «Las medidas para prevenir no deben estar concentradas en evitar que la institución se haga cargo. Sino que tener otros mecanismos para evitar la coerción”.
Una de las ventajas que destacó el director ejecutivo de Paz Ciudadana sobre dichas medidas fue la doble institucionalidad policial, la que: “afortunadamente permite mayor control externo, porque se pueden investigar entre sí”.
Finalmente, Johnson se refirió a la reforma a carabineros, una propuesta que apoya desde antes del estallido social la cual: “Se piensa que es contra carabineros, pero es para que ejerzan su función de la manera más efectiva posible”. Así mismo, agregó que: «Carabineros de Chile es consciente de que necesitan hacer cambios profundos. Para eso necesitan la ayuda del ejecutivo, ahora el Ministerio de Seguridad debería tomar esa posta”.