El Gobierno presentó el informe sobre la evasión en el transporte público, mostrando una mejora respecto al mismo lapso del año pasado.
En noviembre de 2022, el Ministerio de Transporte presentó el Plan Antievasión, tras registrarse una tasa de evasión en buses del 45,8%. Desde entonces, esta cifra ha disminuido 8,3 puntos porcentuales, situándose actualmente en un 37,5% durante el segundo semestre de 2024.
Según el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, uno de los mayores desafíos del sistema de transporte público es la alta proporción de pasajeros que evaden el pago de su pasaje.
Medidas contra la evasión
El ministro de Transportes explicó que la lucha contra la evasión se aborda desde varias perspectivas. “Sabemos que la evasión tarifaria es un problema complejo que requiere acciones en diferentes áreas. Una de las más relevantes es la fiscalización, y hasta la fecha hemos realizado más de 283.000 controles durante este año”.
El ministro Muñoz destacó que durante el primer semestre del año las validaciones en buses han aumentado casi un 5% en comparación con el mismo período del año pasado. Y aproximadamente un 23% en relación con el primer semestre de 2023.
Respecto a las estrategias para combatir la evasión, Muñoz señaló que una de las herramientas implementadas es la variedad de métodos de pago disponibles. Incluyendo la opción de pagar mediante código QR.
Ministerio de Transporte: Ley «Pagar tu pasaje»
El MTT anunció que se está desarrollando un proyecto legislativo llamado “Pagar tu pasaje”.
El proyecto incluye medidas diseñadas para reducir la evasión, entre ellas, otorgar a los fiscalizadores la autoridad para exigir el pago a quienes no hayan cancelado el pasaje.
En lugar de aplicar una multa tradicional, se propone que puedan cobrar una tarifa adicional directamente en el bus, funcionando como un pago recargado que busca incentivar a los pasajeros a regularizar su situación de inmediato.
Además, se están endureciendo las penalizaciones para quienes figuren en el registro de evasores. La iniciativa contempla que estas personas tengan prohibido adquirir entradas para partidos de fútbol profesional. Así como también les restrinja la posibilidad de obtener pasaporte o residencia en el país, entre otras limitaciones.