FEn un nuevo programa de Palabra Que Es Noticia, Antonio Quinteros conversó con Ana María Morales, gerenta de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, sobre las cifras de secuestros en el país, que registró un aumento de un 2,1%, siendo la más alta en una década.
Alza en cifras de secuestros
Morales confirmó que los secuestros han tenido un crecimiento sostenido desde 2022, año en que las denuncias prácticamente se duplicaron, pasando de 492 casos en 2021 a 826 en 2022.
Explicó además que, mientras años atrás predominaban los secuestros por conflictos familiares o domésticos (que hoy representan un 17,9%), actualmente los delitos con características del crimen organizado se han incrementado.
En el informe más reciente, la Fiscalía detectó un aumento de casi 10 puntos porcentuales en los secuestros relacionados al crimen organizado. “(Son) cuatro tipologías que nosotros vinculamos al crimen organizado. Los secuestros con fines extorsivos, los secuestros con ajuste de cuentas, cobros, venganza entre grupos delictivos y los con fines de explotación sexual. Si nosotros sumamos esas cuatro categorías, el año 2023 representaban un 27,2%. En 2024, esas 4 categorías sumadas representan un 37,8%”.
Morales señaló que «el secuestro extorsivo es una de las figuras más graves y desafiantes para la persecución penal». Esto, ya que no solo busca obtener dinero, sino también control territorial, con casos de extorsión a comerciantes bajo la lógica del “plata o plomo”.
Además, agregó que algunas de estas operaciones han sido planificadas desde el extranjero, lo que confirmaría la presencia de redes transnacionales delictivas en el país, como en el caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda, cuyo secuestro y asesinato, se estima que implicó una coordinación desde fuera de Chile.
Perfil de los imputados
Morales se refirió a las cifras: “En un 45% de los casos existía una relación previa entre el agresor y la víctima. Hay otros casos en los cuales no eran expareja, sino que eran conocidos. La vinculación con organizaciones criminales hace que las víctimas sean más volubles a poder sufrir estos eventos. En esa misma línea, lo que nos muestran los datos es que el 67% de los imputados tenía antecedentes penales, con un promedio de 11 delitos previos”.
Agregó además: “No se trata de personas primerizas, sino de personas que ya tienen trayectorias delictuales crónicas. Dentro de esto, un 25% corresponden a personas de nacionalidad extranjera. De estos, un 63% son venezolanos y un 20% son colombianos, donde, en promedio, tres personas participan en el secuestro”.
Morales concluyó que uno de los principales obstáculos es la identificación de imputados de nacionalidad extranjera, debido a la falta de registros y antecedentes penales disponibles desde sus países de origen. En estos casos, se ha aplicado el denominado «criterio Valencia», que permite solicitar prisión preventiva mientras se verifica la identidad del acusado.
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