En un nuevo programa de Palabra Que Es Noticia, Andrea Moletto y Antonio Quinteros conversaron con con Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, sobre el Levantamiento del Secreto Bancario, cómo funciona actualmente y cuál es la nueva propuesta que se debate en el Congreso.
Sobre el proyecto de Ley
Gajardo explicó que el alzamiento del secreto bancario consiste en una autorización judicial que pide el fiscal al Juez de Garantía para solicitar la información directamente a los bancos. Los cuales tienen un plazo de cinco días para entregarla, obligatoriamente en formato excel.
“El ámbito que se debate actualmente en el proyecto de Ley del subsistema de inteligencia financiera es el alzamiento del secreto bancario dentro del ámbito administrativo, es decir, por parte de la unidad de análisis financiero”, explicó.
Añadió además que el proyecto tiene dos objetivos específicos, siendo uno de ellos mejorar la persecución del crimen organizado a través de generar información nueva y de mejor calidad en el subsistema, y el otro, mejorar los procesos administrativos fiscalizadores o sancionadores.
Sobre la información de inteligencia financiera
Gajardo explicó que el subsistema encapsula la información dentro de un mismo sistema de inteligencia, en el cual la Fiscalía debe reconstruir la información. De este modo, con este proyecto de Ley se buscaría un acceso más rápido a la información bancaria. Lo cual volvería más expedita la persecución penal.
“Para nosotros es complejo que la información de inteligencia se encapsule y que no tenga diálogo. Me estoy poniendo en el lugar de un analista que tiene que levantar un caso solo, desde un computador, y sin poder conversar con más gente que sí está conociendo qué es lo que está pasando en materia de crimen organizado”, explicó.
Además, fue enfática al declarar que esto no consiste en tener acceso a toda la información bancaria del país. Y añadió que el reporte de operaciones sospechosas al mes son alrededor de 1.300.000. “El crimen organizado no se investiga tan sencillamente, desde un escritorio, sin tener información de qué está pasando en la calle”, señaló.
Sobre bienes incautados
Consultada por el destino del dinero incautado al crimen organizado, Gajardo señaló que, en el caso de bienes, estos se venden y lo recaudado va al Estado. Por otro lado, en los casos particulares de droga, la ley se modificó el 2023 y dio la posibilidad de que el dinero de los bienes que se venden dentro un proceso de droga, puedan ir a instituciones que persigan al crimen organizado, como PDI o Carabineros.
Sin embargo, Gajardo señaló que “el reglamento de la Ley que salió hace poco desde el Ejecutivo la limitó. En el fondo, la Ley dice una cosa y el reglamento lo está limitando presupuestariamente”.
“Este cúmulo del crimen organizado. La cantidad de plata que mueve ya está siendo cada vez más. Y va intentando socavar justamente la credibilidad en instituciones públicas. Necesita de funcionarios públicos que colaboren o no vean lo que está pasando para crecer”, añadió.