En un nuevo programa de Palabra Que Es Noticia, Andrea Moletto y Antonio Quinteros conversaron con Marisa Navarrete, abogada penalista y exjefa de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos, para conversar sobre la renuncia de Javier Etcheberry a la institución y sobre el caso del sicario venezolano que se encuentra en calidad de prófugo.
Sobre salida de Javier Etcheberry
“La renuncia de Echeberry es casi exclusivamente un tema político. El tema no es que no haya pagado los impuestos, lo que pasa es que nunca se los cobraron. El año 2016 él informó al Servicio de Impuestos Internos su tasación real de la propiedad. La pregunta es, ¿qué pasó después del 2016? ¿Por qué el Servicio de Impuestos Internos no ajustó las contribuciones? Y esa información no la tenemos”, explicó.
Además, Navarrete se refirió a los dichos de Javier Etcheberry sobre que solo el 20% más rico reclama por las contribuciones: “Es bastante ofensivo, ¿por qué reclama el 20% más rico? Porque tiene los recursos para contratar abogados, para contratar arquitecto, para contratar ingeniero, y poder reclamar adecuadamente lo que significa el tema de las contribuciones. Cuestión que no tiene la mayoría y el común de las personas puede contratar un abogado para para reclamar”.
Sin embargo, la abogada resaltó los aportes que había realizado Etcheberry a la institución “en el sentido de volver a la doctrina tradicional del Servicio de Impuestos Internos, que era presentar querellas amplias, facultando al Ministerio Público para ejercer la acción penal cuando se trataba de delitos tributarios”.
En esa misma línea, sobre los delitos tributarios por parte del crimen organizado, señaló que los organismos de fiscalización deben alertar cuando se repiten personas en sociedades o cuando se repiten sociedades que se forman en un día y con movimientos pequeños.
Sobre sicario vinculado al Tren de Aragua
Navarrete se refirió a la liberación del sicario venezolano Alberto Mejía, el cual ya se encontraría fuera de Chile.
“Aquí hay un acto premeditado para dejar libre una persona. El Oficio N° 2, el que supuestamente corrige un error, ese oficio no existe. Cuando tú te equivocas en un nombre, lo que haces es corregirlo, pero no disponer la libertad ni dejar sin efecto la acción preventiva. Eso es inconsistente”, explicó.
Además, señaló que dicho Oficio, “que es el que ha aparecido en los medios, no tiene ningún error en el nombre. Por lo tanto, ese argumento de que estaba dejando sin efecto una prisión preventiva dada a un nombre erróneo, no existe”.
Para Navarrete, se trataría de un grupo de personas que lograron hacer a la Jueza Irene Rodríguez firmar dicho Oficio sin leer y enviarlo rápidamente a Gendarmería, donde tampoco se revisó. Señaló además que, en el caso específico de imputados de nacionalidad venezolana, el Gobierno venezolano tampoco colabora en la entrega de información para poder identificar a los imputados con sus nombres reales.
“Ese Oficio fue hecho por alguien que quiso poner en libertad a un sujeto, que luego se va en uber pagando dos millones y medio, justo en horas de la noche. Alguien tuvo conocimiento de eso y le proporcionó los medios. Entonces, si no nos damos cuenta de eso como país, estamos atacando bastante mal este intento de penetración en nuestras instituciones del crimen organizado”, señaló.
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