El caso de licencias médicas ha levantado debates respecto a la continuidad del Estatuto Administrativo. En Palabra Que Es Noticia, Andrea Moletto y Antonio Quinteros conversaron con Rodrigo Espinoza, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales, para analizar la necesidad de modernización del sistema público.
El estatuto administrativo es el cuerpo legal que regula todo lo relacionado al funcionamiento de la administración pública. Todo lo asociado al empleo público: formas de empleo, evaluaciones de desempeño, derechos, obligaciones, entre otros, explicó el director de la Escuela de Administración Pública de la UDP.
El estatuto administrativo nace 1989, durante el régimen militar de Augusto Pinochet. El propósito que tenía originalmente era proteger al empleado público de ciertas arbitrariedades de naturaleza política y darle continuidad en el tiempo, agregó.
Para Espinoza, no corresponde a una ley de amarre. “Durante el régimen la burocracia no fue un eje central, estaba más bien por el tema de reformas económicas y políticas”
Caso licencias médicas
“En primera lo que se busca, es detectar a través de sumarios, si lo que existe es una falta o responsabilidad administrativa. Si se comprueba que existe una falta, puede desencadenar en responsabilidad civil o penal. En el caso de daño patrimonial, se ha hablado de denunciar a estos funcionarios por eventual fraude al fisco”. Sin embargo, los sumarios pueden tardar años.
Respecto al caso de licencias médicas, “es muy difícil que exista la capacidad de atender los 25 mil casos, probablemente se atiendan los más emblemáticos.” Con el estatuto administrativo el campo de acción es más rígido a la hora de despedir a un funcionario público o de evaluar el desempeño, explicó.
“Se ha hablado de modernizar el empleo público durante años, no es que sea algo reciente por el caso de licencias médicas. Hay procesos que ralentizan el avance de los protocolos de ascenso e impiden que las evaluaciones sean más objetivas, estandarizadas y compartidas”, analizó Espinoza.
Ante esto, reflexionó sobre la magnitud del caso: Es importante considerar que el caso de licencias médicas “corresponde solo al 3% de los funcionarios públicos, el resto si está cumpliendo con las normas”
“Una de las principales dificultades para reformar el empleo público ha sido la falta de voluntad política, explicado por el rol de ciertos grupos de presión”, concluyó el director de la Escuela de Administración Pública de la UDP.