Ante el escándalo del mal uso de las licencias médicas, Juan José Lyon, director de América Transparente, conversó con Antonio Quinteros y Andrea Moletto en Palabra que Es Noticia, sobre la crisis de probidad que atraviesa el país, las dificultades de aplicar las sanciones correspondientes y la incapacidad de la Contraloría de acoger las denuncias recibidas.
De acuerdo a los últimos balances, son más de 25 mil los funcionarios que salieron del país usando licencias médicas fraudulentas, de las que el 60% se concentra en funcionarios municipales. Dada la situación, más de mil trabajadores han presentado su renuncia. Sobre esto, reflexionó: “se produce un escándalo y de alguna forma, la indignación pública, la indignación política masiva, hace que se generen cambios.”
«El detalle negativo»
El pasado 26 de mayo, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, anunció que el cruce masivo de información para investigar las licencias médicas otorgadas a funcionarios públicos, se hará de manera anual. Además “se hará otro tipo de ejercicio: revisar a los funcionarios públicos que tienen múltiples empleadores o que trabajan en varios municipios al mismo tiempo. Eso es algo que como fundación hemos denunciado varias veces”, agregó Lyon.
Sin embargo, “las herramientas que tiene el sistema público no son acordes a la indignación pública. Lamentablemente no sirven para las sanciones. El estatuto administrativo protege mucho al funcionario público, fue una ley de amarre del gobierno de Pinochet”, advirtió el director de América Transparente.
El Estatuto Administrativo (Ley Nº 18834), aprobado en el año 1989, bajo el mandato de Augusto Pinochet, es la norma legal que regula la relación entre el Estado y sus funcionarios, y que de acuerdo a Juan José, obstaculiza la aplicación de sanciones y sumarios. “Se hizo justamente para que la gente que trabajaba ahí no pudiese ser sacada”
Lyon, destacó la diferencia de estándares entre las municipalidades y sus “brazos armados” – corporaciones y asociaciones-. No se rigen bajo el mismo código, estas últimas son entidades privadas que se financian con recursos públicos, lo que permite ocultar muchas irregularidades”.
“Lamentablemente, mientras no tengamos una regulación acorde y para todos en el mismo nivel de transparencia. Mientras no nivelemos la cancha, vamos a seguir”, sostuvo el representante de América Transparente.
La capacidad de las entidades fiscalizadoras
“La Contraloría recibe alrededor de 50 mil denuncias al año de la sociedad civil, de las que pueden procesar cerca de 3 mil. Muchas quedan sin responder”, mencionó Lyon
Sumado a ello, el director enfatizó: “es importante que la Contraloría tenga mayores recursos y que como sociedad civil podamos hacer algo. Queremos un ecosistema que llegue a todos. Llevar las leyes a todas las entidades municipales y sus extensiones”.
“Tanta regulación no hace al Estado más ineficiente. Nos damos cuenta que cuando pueden operar sin tanta transparencia o comprar a dedo -sin ley de compras públicas- lo usan para abusar “ -finalizó el director de América Transparente.