En un nuevo programa de Palabra Que es Noticia, Andrea Moletto y Antonio Quinteros conversaron con la abogada penalista y exfiscal de Delitos Económicos, Marisa Navarrete, sobre el regreso a prisión preventiva de Luis Hermosilla y la revisión de las medidas cautelares de Manuel Monsalve.
Crisis en la fiscalía y el sistema judicial
Sobre el delito de cohecho, Navarrete explicó que este ocurre cuando un funcionario público, en el ejercicio de su cargo, no cumple sus deberes a cambio de un beneficio económico. Sin embargo, también puede darse cuando un funcionario realiza una acción regular de manera más expedita a cambio de una compensación.
La abogada destacó que el cohecho es difícil de probar porque, a diferencia de otros delitos como el robo o la estafa, no deja un registro evidente: “Son favores a cambio de un beneficio económico que no puede clasificarse tan fácilmente como un delito de robo o de estafa. Es más difícil porque es sutil”
En este contexto, mencionó que basta con que una persona con intereses específicos se acerque a un funcionario público y le ofrezca su ayuda. Con el tiempo, esto genera un compromiso que podría traducirse en favores posteriores: “Entonces, claro, en este caso, existe la presunción de inocencia, pero los antecedentes que tenemos respecto de que el propio fiscal es el que está pidiendo favores, y luego tiene un beneficio económico o un nombramiento de él en algún lugar o el de una persona relacionada a él. Todos son favores que a mi juicio van constituyendo un delito de cohecho en el caso que se logre probar.”
Como se actúa el sistema judicial con la prisión preventiva
Navarrete también analizó la situación de Luis Hermosilla, quien salió y volvió a entrar a prisión preventiva. Explicó que este tipo de situaciones son parte del sistema judicial, aunque no siempre son de conocimiento público.
Y es que, el sistema judicial permite que cualquier imputado pueda solicitar la revisión de su medida cautelar ante un tribunal superior: “Esto es el principio de doble instancia y es parte del debido proceso de todos los intervinientes. Por lo tanto, es muy probable que el juez de garantía que falla en un caso en particular, pueda tener una opinión diferente a la Corte Apelaciones formada por tres ministros”.
Respecto a las acusaciones de manipulación por parte de la fiscalía, Navarrete dice que: “Se olvida que esas decisiones de la fiscalía de formalizar a alguien de prisión preventiva, tienen un filtro, ¿cuál es? Precisamente los tribunales. Entonces, aunque el fiscal podría eventualmente ser una persona que está sesgada o que tiene una animosidad contra una persona determinada, finalmente son los jueces quienes deben evaluar los argumentos de ambas partes”.
El caso de Hermosilla
Navarrete analizó la diferencia de criterios entre el juez que otorgó la libertad a Hermosilla y los otros tres de la Corte de Apelaciones que revocaron esa decisión: “El juez que dejó libre a Hermosilla, argumentó que era una persona mayor que tenía unos informes sociales, Sin embargo, la corte de apelaciones estableció que eso ya lo tenían en consideración cuando dispusieron la prisión preventiva.”
Además, resaltó que el imputado no estaba en una cárcel común, sino en el anexo Capitán Yáber, donde las condiciones son considerablemente mejores: “Entonces, si tú me preguntas directamente, lo que cambia es el criterio del juez y eso es parte del sistema, tampoco puedo decir que aquí hay una irregularidad”.
Posible falta de acción del fiscal nacional
Navarrete también cuestionó la falta de proactividad de la fiscalía en algunos casos: “Conocemos una filtración y el inicio de una investigación y desde el día uno que la fiscalía ha tenido toda esta información. Entonces, la fiscalía es la que tiene que haber sido la primera en denunciar, en investigar. y si no se activa a las filtraciones, ahí ya entonces estamos en un problema”.
“También algo está pasando cuando vemos que se ha avanzado mucho, por ejemplo, con el caso del ex director de la PDI Sergio Muñoz, que a diferencia de los ex fiscales Manuel Guerra y Carlos Palma, no ha pasado absolutamente nada. Ahora recién sabemos que se está pidiendo una querella de capítulos a Palma, pero en el caso de Manuel Guerra no ha pasado nada. Entonces esas actuaciones, los ciudadanos común y corrientes lo vemos como que algo se está tratando de ocultar cuando no se actúa”, concluyó la abogada.