En una nueva edición de Palabra Que Noticia, Andrea Moletto y Antonio Quinteros conversaron con Hernán Fernández, abogado de víctimas de Colonia Dignidad. Fernández analizó el reciente anuncio del gobierno de dar inicio a la expropiación de la ex Colonia Dignidad, con el fin de convertir el terreno en un sitio de memoria histórica.
Par el abogado, «el horror de Colonia Dignidad no ha terminado. Sigue siendo un rastro vivo de los crímenes de la dictadura y de la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Pero también es un recordatorio del abandono a los colonos, algunos secuestrados y adoptados fraudulentamente, sin reparación alguna».
Expropiación de ex Colonia Dignidad
El gobierno busca expropiar terrenos clave como el hospital y la casa de Paul Schäfer, pero según Fernández, esto es solo un acto simbólico. «No han hecho nada, como los gobiernos anteriores. Chile permitió y alimentó este monstruo», denuncia. Los predios que el Estado busca expropiar están en manos de nuevos jerarcas que administran la zona como empresa, sin entregar información sobre los crímenes cometidos.
«Chile y Alemania han sido negligentes. No hay reparación para los colonos víctimas, que viven en la pobreza y sin asistencia estatal», añadió.
El abogado recuerda que la cancelación de la personalidad jurídica de la Colonia en tiempos de Patricio Aylwin no cambió nada: «Les dio más poder como empresa activa». Según Fernández, hoy, los colonos siguen bloqueando accesos turísticos, mientras visitantes van a «tomar cerveza y recrearse» en un sitio donde hubo torturas y esclavitud.
Impunidad y negligencia
«Colonia Dignidad fue un campo de exterminio donde la DINA perfeccionó sus métodos», cuenta Hernán Fernández. Sin embargo, critica que el Estado chileno sigue sin exigir información. «Los nuevos jerarcas venden bosques plantados por las víctimas y desfalcan a los accionistas», denuncia.
Crítico con las autoridades, Fernández acusa: «El Presidente tiene buenas intenciones, pero sus asesores no están a la altura. Mientras en Alemania se han reconocido responsabilidades, en Chile todo queda en papeles. No hay humanidad en nuestras autoridades».
Sobre el anuncio de expropiación, Fernández es tajante: «Parece ser un acto simbólico del Gobierno, no soluciona nada». Acusa que los asesores están mal informados y que las decisiones carecen de impacto real. «Nos ofende, nos agravia, porque no resuelve el problema de fondo. Lo que el Estado debe hacer es responder con seriedad al país y a las víctimas», concluye.