En Palabra Que es Noticia, Antonio Quinteros conversó con Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales UDP. Allí, analizó los desafíos y alcances de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, una medida que, aunque prometedora, plantea importantes retos.
La seguridad pública ha emergido como una de las mayores preocupaciones de los chilenos, especialmente en un escenario marcado por hechos como el asesinato de un hombre ciego en San Bernardo y el violento asalto a un adulto mayor en Coronel. Estos casos no solo conmocionan, sino que subrayan la urgencia de repensar las políticas de seguridad en el país.
Un Ministerio para coordinar
“La creación de un Ministerio de Seguridad Pública no es una solución instantánea”, advirtió Fuentes. El impacto de esta institución, programada para comenzar a operar en junio o julio, dependerá de un complejo proceso de implementación. Esto incluye la redacción de reglamentos, la contratación de personal y la organización de divisiones específicas.
Fuentes destacó que uno de los mayores logros de este nuevo ministerio será el mandato legal de coordinar a las distintas instituciones involucradas en la seguridad pública. Actualmente, estas operan de manera desarticulada. Además, las competencias en algunos casos fomentan rivalidades.
“Trabajar en la coordinación de estos entes es fundamental y eso, esta ley lo va a permitir”, explicó el académico. Esto no solo incluye a las policías, sino también al sistema de justicia y al Ministerio Público, instituciones clave para investigar delitos y prevenir futuros crímenes. Ejemplos como la Unidad de Crimen Organizado (ECO) evidencian cómo una adecuada recolección de información en los sitios del suceso puede marcar la diferencia en la lucha contra el delito.
Seguridad: policías y cárceles
A pesar de las expectativas ciudadanas de “mano dura”, Fuentes subrayó que la seguridad no se reduce incrementando la dotación policial o endureciendo penas.
Desde 2022, el Congreso ha aprobado un número récord de leyes de seguridad pública, con un 70% enfocadas en aumentar penas. Sin embargo, este enfoque tiene un lado oscuro: las cárceles chilenas ya están sobrepobladas y en condiciones de hacinamiento, creando una “bomba de tiempo” que podría agravar la criminalidad en lugar de reducirla.
El problema, según Fuentes, radica en la desconexión entre las políticas de corto y mediano plazo. Mientras se priorizan medidas punitivas, se descuida la prevención en grupos vulnerables, especialmente entre los jóvenes de 8 a 14 años, quienes son reclutados por redes delictivas. “Si no aseguramos que los jóvenes permanezcan en la escuela y que estos sean espacios seguros, no estamos atacando el problema de raíz”, señaló.
En este contexto, la educación emerge como una herramienta fundamental. “Una de las promesas más grandes de esta generación era la educación y ahí ha fallado”, dijo. Para él, la falta de inversión en programas preventivos y en la mejora del sistema educativo refleja un enfoque desequilibrado en las políticas de seguridad.