En Palabra Que es Noticia, Antonio Quinteros conversó con Javiera Canales, directora ejecutiva de Corporación Miles, respecto a la Investigación sobre la Criminalización del Aborto en Chile. Al respecto, señaló que “condicionar la atención de salud ante la comisión de un delito no es legal, incluso es tortura”.
Este informe abarca una década de datos entre 2012 y 2022. Así, analiza las consecuencias de un sistema en el que una prestación de salud se encuentra regulada por el Código Penal, generando graves vulneraciones a los derechos humanos y al secreto profesional.
Entre las principales conclusiones, destaca que un 10% de las causas analizadas correspondían a abortos espontáneos que nunca debieron haberse judicializado.Más del 38% de los casos se sobreseyó por falta de mérito, lo que afectó a cerca de 200 personas.
“Es complejo que una prestación de salud se regule en el Código Penal, especialmente cuando abarca un porcentaje tan importante de la población”, señaló Canales.
El estudio revisó 523 expedientes, analizó 51 sentencias y evidenció que profesionales de salud realizaron cerca del 20% de las denuncias. Además, un preocupante 59,2% de los casos no especifica quién realizó la denuncia, aunque la conexión con servicios médicos sugiere que el sistema de salud está directamente involucrado.
Secreto profesional
El informe denuncia cómo el secreto profesional, un principio fundamental en la relación médico-paciente, es vulnerado sistemáticamente. Según Canales, muchas mujeres enfrentaron situaciones en las que se condicionó su atención médica a la confesión de actos que, en muchos casos, no constituían delitos. “Condicionar la atención de salud ante la comisión de un delito no es legal, incluso es tortura”.
La situación también se agrava porque “hay una muy baja capacitación a profesionales de salud frente a denuncias por delitos”. En muchos casos, se prioriza la denuncia por sobre el cuidado del paciente. Esto perpetúa un sistema punitivo que no considera las consecuencias humanas.
El problema se extiende más allá de las prácticas individuales. La regulación del aborto en el Código Penal no solo estigmatiza, sino que también disuade a muchas mujeres de buscar ayuda médica por miedo a ser criminalizadas. Esto contrasta con las obligaciones internacionales de Chile, que ha suscrito tratados que recomiendan no utilizar el derecho penal para regular el aborto.