En Palabra Que es Noticia, Antonio Quinteros y Andrea Moletto conversaron con Marisa Navarrete, ex fiscal de Delitos Económicos y ex Jefa de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos, sobre el complejo caso Factop y su conexión con la firma Larraín Vial, que abarca delitos de falsificación de documentos y financiamiento ilegal.
Caso Factop: deuda, facturas falsas y política
Navarrete explicó que el caso Factop comenzó con una operación aparentemente legal: la empresa de factoring adelantaba pagos de documentos a crédito, lo que facilitaba la liquidez inmediata para las empresas. Sin embargo, lo que parecía ser una operación común se transformó en una red de falsificación de documentos.
Según la ex fiscal, se creó un fondo especial denominado “Fondo Estructurado Uno”, presentado inicialmente como una alternativa legítima de financiamiento. Sin embargo, se sustentaba en documentos falsos, utilizados para financiar a ciertos personajes y grupos de interés, principalmente dentro de la política.
“Era un fondo falso porque se sustentaba en documentos falsos. Toda esta operatoria era completamente falsa. Se trataba de una máquina utilizada para financiar campañas políticas, incluso a través de datos personales”, destacó Navarrete.
La implicancia de Larraín Vial
En cuanto al papel de Larraín Vial, Navarrete indicó que la Comisión del Mercado Financiero (CMF) ya levantó cargos contra la empresa por no velar por la transparencia de las inversiones.
A su juicio, la involucración de altos ejecutivos de Larraín Vial, que permitieron la circulación de documentos falsificados, podría llevar a la formalización de varios de ellos en enero de 2025.
Según la ex fiscal, lo que buscaban era “darle apariencias de legitimidad” a fondos fiscalizados para poder introducirlos en el mercado sin que se notara. Esto configura una serie de delitos, desde falsificación de documentos hasta “hipótesis de lavado de activos”, explicó.
Sumado esto, uno de los aspectos más desafiantes será determinar la participación de los directivos y ejecutivos. “Acreditar delitos dentro de una empresa es complejo. ¿A quién le voy a atribuir la participación en la ejecución de un delito específico? Por eso, la construcción de la participación es lo más complejo”, señaló.