Este jueves se cumplió el segundo día de formalización del abogado Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, donde el Ministerio Público expuso antecedentes para justificar la solicitud de prisión preventiva.
La lectura de los WhatsApps del abogado mostraron los lujos de los implicados detrás del Caso Audios, además de la aparición de nombres como el ministro de la Suprema Jean Pierre Matus y el candidato a alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.
En Palabras Sacan Palabras, Andrea Moletto y Álvaro Paci conversaron con Marisa Navarrete, abogada penalista, ex fiscal de Delitos Económicos y ex Jefa de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos
Formalización
«Lo que hemos visto en estos días es que el Ministerio Público ha presentado antecedentes relacionados con delitos de soborno y lavado de activos. Lo que busca la fiscalía es sustentar estos delitos, empezando por la imputación de delitos tributarios, como declaraciones falsas, que luego se vinculan al lavado de activos», explicó Navarrete.
Según Navarrete, «lo que objetivamente ocurrió es que Matus hizo una intermediación para contactar al abogado, lo cual no es ilícito en sí mismo, a menos que supiera que el dinero tenía un origen ilícito, lo que aún no está probado».
Navarrete también criticó la actuación del Servicio de Impuestos Internos (SII): «El mega fraude tributario que conocimos hace meses también se desarrolló durante 5 o 7 años. ¿Qué pasa con el SII, que tiene la misión de revisar esto? La corrupción en estos casos se sustenta en el silencio de muchas personas que deciden no hablar».
Además, la exfiscal destacó que la forma de operar de Hermosilla no era desconocida: «Su manera de trabajar era un secreto a voces. En nuestro país, si quieres postular a un cargo público, no basta con tu mérito; necesitas contactos. Hermosilla no contribuía al derecho penal, sino que usaba su nivel de influencia para favorecer a sus amigos».
Finalmente, Navarrete concluyó que “el peor tipo de corrupción es el que no se descubre y que, en el caso del SII, al menos debería haber sanciones por negligencia en la vigilancia de estos fraudes”