A fines de diciembre, la Municipalidad de Melipilla presentó una querella en contra del exalcalde de la comuna, Iván Campos, y su equipo de confianza durante su administración por presunto fraude al fisco. Esta semana, el Campos fue desvinculado de la Municipalidad de Isla de Maipo desde donde trabajaba.
En Palabras Sacan Palabras, Andrea Moletto y Álvaro Paci conversaron junto a Lorena Olavarría, actual alcaldesa de la Municipalidad de Melipilla. Con ella, se profundizó en los antecedentes de la acción legal. El ex jefe comunal arriesgaría 15 años de cárcel. Mientras que Olavarría asegura que existen responsabilidades penales en el caso.
La raíz de la querella comienza con la interrupción de la compraventa de un terreno para ampliar el Vertedero Popeta en Melipilla. “Esa acción nos llevó a que perdiéramos 500 millones de pesos”, afirmó la jefa comunal al detallar que la administración actual terminó comprando el terreno.
De esta manera, Lorena Olavarría fue categórica al decir que “el cuestionamiento es al exalcalde y su equipo, que no respetó la compraventa que se firmó”, manifestando que lo que se aprobó en el concejo municipal en 2020 no era el mismo contrato.
Además, detalló que dentro de los antecedentes está una objeción de Contraloría a la compraventa. “Frente a la vista de los documentos que tenemos, si hay responsabilidad penal”, sentenció la alcaldesa, agregando que solicitarán la restitución de todos los fondos.
La razón detrás de la querella
La compraventa del terreno para expandir el Vertedero de Popeta, comenzó en 2020. El precio es cercano a los $1.7 mil millones, lo que se pagaría en 4 cuotas de $100 millones y el restante en su totalidad. En el contrato de pago se incluyó una cláusula que beneficiaría al vendedor en desmedro de las arcas municipal.
Se trata de una multa por no pago de casi $500 millones, que efectivamente terminó desembolsando la actual administración de Melipilla, luego de que los dueños del terreno demandaran a la Municipalidad. La justificación detrás de la interrupción de la compraventa se describió como una falta de fondos.
Sin embargo, un informe de Contraloría y una investigación interna, dio cuenta que en realidad no faltaba presupuesto para adquirir el terreno, y que el contrato aprobado por el concejo municipal no sería el mismo firmado tiempo después.