La Ley de Usurpaciones ha generado un agitado debate en el espectro político nacional. Esto se ha incrementado aún más ante un posible veto por parte del gobierno. Respecto a esta propuesta de ley y un eventual veto, en Palabras Sacan Palabras conversamos con el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez.
¿Cómo observan este eventual veto?
«En la macrozona sur, enfrentamos un problema grave con alrededor de 150 delitos de usurpación de tierras, y en un 1% de los casos, las sanciones son multas muy bajas, menores a 20 mil pesos, lo que equivale a impunidad total. Estos delitos buscan desplazar a los propietarios de sus tierras. Por lo tanto, estamos muy esperanzados en que esta ley sea promulgada tal como fue aprobada por el Congreso», declara el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez.
¿Qué sucedería si esta ley de usurpación fuera utilizada por comunidades mapuches que argumentan que esas tierras están siendo ocupadas?
«En esta zona, la mayoría de las tierras son propiedad de personas que adquirieron sus propiedades a través de escrituras de compra. Este es el sistema que rige para todos nosotros, y es el mismo sistema que se utiliza en otras regiones del país. La ley busca sancionar la usurpación ilegal de tierras, que es un delito grave que afecta el derecho a la propiedad de las personas», responde el entrevistado.
¿Qué opinan sobre la autotutela en este contexto?
«A pesar de la insistencia del gobierno en el tema de la autotutela, no consideramos que sea lo más importante. Lo fundamental para nosotros es que los delitos de usurpación tengan penas de cárcel para evitar la impunidad. Respecto a la autotutela, cabe mencionar que en la práctica es poco común en esta situación. Cuando se trata de invasiones ilegales de propiedades, la comunidad afectada suele solicitar la intervención de la policía en lugar de recurrir a la autotutela. En última instancia, lo esencial es evitar la impunidad en estos delitos», declara el presidente de la Multigremial de la Araucanía.
¿Cuál es la posición de la ciudadanía en esta cuestión?
«La ciudadanía demanda que las fuerzas de seguridad intervengan para proteger a los propietarios frente a las invasiones ilegales. La autotutela es un recurso ocasional en estas circunstancias, pero lo más importante es que se apliquen sanciones efectivas a quienes cometen delitos de usurpación y que no haya impunidad», concluye Patricio Santibáñez en Palabras Sacan Palabras.