Esta semana que pasó, el presidente Gabriel Boric finalmente promulgó la nueva ley de Royalty Minero. Tras cuatro años en tramitación, la normativa busca aumentar los recursos de la gran minería a lo largo de todo Chile a través de tres fondos: Fondo para la Productividad y el Desarrollo, Fondo de Comunas Mineras y el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial. Todo esto por medio de un impuesto a grandes empresas.
Para ahondar en dicha temática, conversamos en Palabra Que Es Noticia con la Ministra de Minería, Marcela Hernando.
¿Qué permitió un acuerdo para avanzar en esta discusión del Royalty?
Estoy convencida de que el hecho de incorporar a otras regiones fue lo que hizo el cambio, que permitió un apoyo transversal logrando más de 100 votos en el último trámite. Soy una antigua expositora de lo que significó luchar con diferentes iniciativas anteriores donde ninguna llegó a puerto. Ahora, creo que es porque solo pretendían dar una especie de compensación hacia las comunas mineras y nada más.
Cuando se habla de Royalty, ¿a qué nos referimos?
El Royalty es un pago por el hecho de que estamos explotando un mineral que no tiene forma de reconstruirse, es un recurso no renovable. Y en ese contexto es muy diferente a lo que otros que pagan todas las actividades comerciales y también es una especie de compensación ya que este recurso no se puede renovar. El royalty pretende recaudar alrededor 1500 millones de dólares anuales lo que equivale al 0,6 del PIB, en el que está considerado como monto fijo 450 millones de dólares, el cual va a dar origen a estos fondos para las comunas y que además están establecidos en forma completa, algo que será todos los años por diez años. Y la razón de que sean diez años es que, en ese periodo de tiempo, se tenga que reajustar cuando quedan amarradas las cifras lo que no es bueno.
¿A cuántas comunas va a llegar y qué tipo de administración tendrán estos fondos?
Los municipios van a acceder a dos de estos fondos de forma directa. Uno al fondo de equidad y el otro al fondo de comunas mineras. El primero favorece a más de 300 comunas del país y tiene que ver con aquellas comunas más vulnerables que reciben aportes del fondo común municipal. El segundo va a beneficiar alrededor de 32 comunas; en este minuto se está elaborando el reglamento para el calculo de como se va a ponderar cada uno de los factores para ser comuna minera. Por ejemplo: no es equivalente una comuna que tenga diez relaves como pasivo medioambiental, a una que tenga un puerto. Se está trabajando en cómo ponderar estos dos factores. Además, está el fondo que irá a las regiones, por lo que las comunas también pueden postular indirectamente de los proyectos que presentan al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
¿Cómo se deciden el destino de estos recursos?
Por primera vez, es una decisión autónoma por parte de las comunas. Quiero recordar que cuando nació la patente minera, que le llegaba directamente a las comunas que tenían esta patente, esto era solo para invertir en infraestructura, en ese contexto era bien difícil porque había algunas comunas muy pequeñas que tenían deudas enormes de luz y que no podían pagarlas porque los fondos eran para inversión. Este fondo, tiene la diferencia de tener libre disposición desde las municipalidades con aprobación de los concejales, como cualquier proyecto que ejecuta una municipalidad con sus propios recursos.
Para entender la dimensión, ¿cuál sería una comuna que vaya a recibir estos fondos?
En comunas pequeñas esto es el doble de lo que reciben por el fondo común municipal, por lo que es una cifra cuantiosa. Ahora, de la misma manera también influye el tamaño de las comunas, por lo que no es indiferente el hecho de que una comuna tenga cinco mil habitantes a otra que tenga 50 mil.
¿No genera duda lo que va a pasar con la llegada de estos fondos a las comunas que puedan hacer un uso poco escrupuloso?
Siempre nos vamos a encontrar con gente deshonesta en muchas partes, pero el Estado tiene la obligación y la decisión de luchar contra ello. En ese contexto, estamos avanzando en una serie de leyes. Hoy se promulga la ley contra los delitos de “cuello y corbata” y además los delitos medioambientales. Dentro de este mes debería promulgarse también la ley que apunta a que los funcionarios públicos sean protegidos cuando hacen denuncias y es vía Contraloría, de tal manera que este desafortunado hecho que ha ocurrido (Caso Convenios), también tiene que ser sujeto de modificación y reestructuración.