Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con el director del Instituto de Salud Pública de la UNAB y ex superintendente de Salud, Héctor Sánchez.
A 3 semanas de que venza el plazo para hacer efectivo el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno ingresó la llamada ley Corta de Isapres. El texto -de 46 páginas- será tramitado con urgencia simple, por lo que excederá los plazos de cumplimiento del dictamen. El proyecto busca fortalecer a la Superintendencia de Salud para instruir a las aseguradoras adecuar los precios finales de los contratos, la suspensión del cobro a niños y niñas menores de dos años y que estas instituciones informen en seis meses el número de contratos a devolver y el monto total de la deuda.
¿Cuál es su opinión sobre la ley corta de Isapres?
“Creo que es una ley que se ha demorado varios meses en confeccionarse. Básicamente 5 meses del plazo de 6 que dio la Corte Suprema. El proyecto que se envía tiene tres aspectos. El primero es que no establece en forma precisa la metodología con la que se calcula el monto. Aunque el superintendente da un monto de los 1450 millones de dólares. Creo que es importante tener presente que, respecto de esta cantidad, hay que tener claro de que excede por mucho lo que es la posibilidad real de que la industria pueda pagar. En la práctica es una ilusión porque las Isapres no lo pueden pagar sin quebrar”, señala Héctor Sánchez.
“Lo segundo es que este proyecto de ley, si bien establece plazos, tiene un monto de pago muy alto como para que se pague, independiente de este plazo. Las utilidades de las Isapres en su conjunto al año son del orden de los 40 o 50 millones de dólares. Estamos hablando de 1450 millones de dólares que hay que pagar. Esta situación hace que esta cifra sea muy difícil de pagar. Lo otro es que básicamente se plantea que se ajusten todos los precios de 700 mil contratos al valor que correspondería aplicando este arancel. Esta situación implica un menor ingreso de las Isapres que genera un déficit. En estricto rigor, solo aplicar el arancel hacia futuro significa que estas instituciones no van a poder tener excedentes con el cual puedan pagar esta deuda”, indica el ex superintendente de Salud.
“Lo tercero es que se plantea que exista una reforma a Fonasa, que es una buena idea. Pero falta un trabajo muchísimo mayor que el que lleva el proyecto de ley para que se lleve a la realidad. Se necesita de un proyecto por separado para hacer estas modificaciones y para destinar recursos y capacidades administrativas que permitan gestionar lo que están planteando. Creo que es prudente que se le pida a la Corte Suprema 6 meses adicionales”, afirma Héctor Sánchez.
¿Es un mal proyecto?
“Es un proyecto incompleto, no está debidamente afinado. En definitiva, tal como está planteado, de aprobarse va a producir que esta deuda que tienen las Isapres no sea viable de pagar. No se podría resolver esa crisis”, asegura ele x superintendente de Salud.
¿Cuán responsables son las Isapres de entregar una solución ante una fórmula que utilizaron por mucho tiempo?
“Hay tres responsable. Indudablemente uno de ellos son las Isapres. Cuando en el año 2010 se define el dictamen del Tribunal Constitucional que define el uso de las tablas de riesgo y los declara inconstitucionales, no las elimina y allí se produce el problema. En el año 2010 las Isapres interpretan que pueden seguir utilizando las tablas de riesgo y por su parte el gobierno desde el año 2010 hasta el año 2019 acepta el uso de las tablas de riesgo. A continuación el Legislativo, al cual el Tribunal Constitucional establece la obligación de que junto al Ejecutivo establezcan una modificación legal para eliminar las tablas de riesgo, no lo hacen. La consecuencia de esto es que esa plata no existe”, plantea Héctor Sánchez.
Pero ese pago excesivo de los usuarios existe.
“Ese pago existe desde el año pasado, cuando se define el dictamen de la Corte Suprema donde se aplica con efecto retroactivo. Lo que se hizo fue cobrar los precios de los planes con los aranceles que en ese momento la ley les permitió aplicar y ese fue el precio que aplicaron. En 2020 y 2021 tuvieron cerca de 1.000 millones de pérdida. En la práctica esa plata no existe, si uno mira cuál es el patrimonio que tienen las Isapres, es de 400 o 500 millones de dólares. Esta deuda es varias veces el patrimonio total de las Isapres, que paguen significa que van a quebrar. Ese es el problema que previó la Corte Suprema y por eso solicitó al Gobierno que cuando ejecute el dictamen lo haga de tal manera que no haga que las Isapres caigan”, analiza el director del Instituto de Salud Pública de la UNAB.
“Aquí hay dos elementos claves: Cómo se calcula la deuda, porque hay muchas variables para calcularla. Y una vez que se sepa cuánto es lo que realmente se deba a las personas, definir el cómo se va a pagar y en cuánto tiempo para que el pago se haga viable. En caso contrario solo es una ilusión, que suena bien pero que genera falsas expectativas”, concluye en Palabra Que Es Noticia el ex superintendente de Salud, Héctor Sánchez.