Este miercoles cerca de las 02:00 AM, desde la sala del Senado se aprobó en general y en particular el proyecto que busca el fortalecimiento y “proteger el ejercicio de la función policial y de Gendarmería de Chile”, conocido como ley Naín-Retamal.
Luego de siete largas horas de debate, la iniciativa, la cual contó con 40 votos a favor y 5 en contra. De esta manera, la ley pasará al tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. Luego de ser aprobada por 42 votos a favor y 3 abstenciones, según consiga ADN.
Dentro de las negociaciones que hubo en el Ejecutivo y la oposición, se dejó establecido que el artículo 8 del proyecto exponga, “se entenderá, que concurre el uso racional del medio empleado si, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa”.
Añadiendo que “respecto de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los Tribunales, según las circunstancias y si estas, demostraren que no había necesidad racional de usar el arma de servicio o armamento menos letal en toda la extensión que aparezca. Deberán considerar esta circunstancia como atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en virtud de uno, dos o tres grados, salvo que concurra dolo”.
La discusión del proyecto en general
Según lo informado por la Corporación, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, senador Felipe Kast, entregó detalles de esta iniciativa y también los cambios que se le hicieron. Señalando, “entregar certezas jurídicas y garantías respecto del actuar de las FF.AA. y de seguridad”.
Dentro de los argumentos expuestos, se ha mostrado que el objetivo es buscar dar una mayor protección y garantías para que las policías, gendarmería y las Fuerzas Armadas puedan cumplir su labor. Además de destacar que dichas atribuciones, tales como la legítima defensa, no implican impunidad. Puesto que se expone que el proyecto no exime “per sé” la responsabilidad penal del policial. Sumado a ello, para que funcione la legítima defensa tendrá que operar el Ministerio Público.
Los que apoyan esta iniciativa, recalcan que no se trata de un “gatillo fácil”. Es una necesidad de devolver a las policías la legítima defensa para cumplir sus funciones. Además de proteger a los policías que realizan el uso racional de la fuerza.