Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con José Luis Ugarte, abogado, Doctor en Derecho del Trabajo y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, por sus críticas respecto a la ley de 40 horas laborales.
Con posibilidad de negociación de jornadas, flexibilidad de horarios y gradualidad de aplicación a 5 años fue aprobado el proyecto de 40 horas laborales semanales, que fue promulgado por el Presidente Gabriel Boric el pasado viernes. Aunque su tramitación contó con un acuerdo transversal en el Congreso, su puesta en marcha ha recibido críticas de distintos sectores. Principalmente, han sido distintas agrupaciones sindicales las que han alzado la voz para criticar las medidas de flexibilidad incluidas en la ley, aludiendo a que se trataría de un retroceso a los derechos de los trabajadores.
¿Qué significa la gradualidad y qué críticas recibió el proyecto?
“Es una ley que rebaja la jornada a largo plazo a 40 horas, que será una realidad aproximadamente en 2028. Se dice que fue un triunfo del Gobierno, pero tuvo un costo altísimo. Es un proyecto de flexibilidad laboral, palabra que para la coalición del Gobierno era prohibida hace poco, porque es una flexibilidad empresarial. Es el empresario el que decidirá la flexibilidad horaria, no los trabajadores”, señala José Luis Ugarte.
¿Qué gran sacrificio tuvo que hacer el Gobierno? ¿Dónde está el problema?
“No hay que ser analista político para darse cuenta de que el Gobierno necesitaba aprobar algo. El proyecto de 40 horas ya era una realidad prácticamente innegable. Sin embargo, el Gobierno estuvo dispuesto a hacer sacrificios sobre flexibilidad. La ley establece que la distribución de estas 40 horas va a ser pactada por el empleador y el trabajador y agrega que se podrá pactar hacer ciclos de 4 semanas que promedien 40 horas, donde algunas de estas semanas podrían durar hasta 45 horas”, indica el abogado y Doctor en Derecho del Trabajo.
Además, se podrá pactar alternativas de distribución de la jornada, donde es el empleador que decidirá qué alternativa utiliza con el requisito de comunicarlo una semana antes. Si esto lo hubiese propuesto Piñera en su gobierno quienes actualmente están en el Ejecutivo lo habrían impugnado. El empleador va a poder imponer una cantidad de formas de distribución y es él quien puede decidir cuál utilizar”, complementa.
Entonces, ¿no es efectivo que se pacte entre trabajador y empleador?
“Cualquier persona que trabaje sabe que cuando se dice que se puede pactar no es real. Ya hay denuncias. Por ejemplo, en Banco Estado, donde los empleadores se impusieron sobre las decisiones de los trabajadores unilateralmente. Desde el punto de vista de un Gobierno de izquierda esto puede suponer un problema porque establece garantías que se imponen a un trabajador”, afirma José Luis Ugarte.
¿Qué podría pasar con esto?
“Dependiendo de la creatividad empresarial, las empresas podrían redactar una serie de distribuciones. Hoy la ley da un marco estricto sobre cómo se distribuye la jornada, donde el empleador no decide salvo sistemas especiales. Ahora, el empleador podrá imponer y el trabajador no tendrá certeza sobre su jornada. Además, una serie de trabajadores van a ser incorporados en el artículo 22 del Código del Trabajo, que uno hubiera esperado que se hubiese reformado y que establece que hay ciertos trabajadores que están excluidos de limitación de jornada en aquellos casos en que no hay fiscalización superior inmediata”, asegura el abogado y Doctor en Derecho del Trabajo.
“Según el uso práctico que se utiliza, en ese concepto caben prácticamente todos los trabajadores. Nos estamos hablando de gerentes, sino que de una gran cantidad de trabajadores que, por estar en esa situación, no tienen jornada. Ellos pueden llegar a trabajar 70 u 80 horas porque no hay limitación. Es obvio que este artículo se va a prestar para que se incorporen nuevos trabajadores. El Gobierno sabía que había un problema con este artículo, pero no lo reformó. Es una suerte de caballo de Troya de la ley. Por ejemplo, en el mundo de los medios me comentaban que alrededor de un 50% de los trabajadores están afectados por esta ley”, concluye José Luis Ugarte.