El Consejo para la Transparencia sancionó a la exsubsecretaria de Salud Pública Paula Daza, al subsecretario de Redes Asistenciales Alberto Dougnac, y al subsecretario del Interior Juan Francisco Galli por denegación infundada y reiterada de la entrega de información.
Las sanciones para las autoridades y exautoridades de Gobierno son de índole económica, las que pueden llegar hasta 75% de la remuneración promedio anual, consigna ADN.
La sanción para Paula Daza por parte del Consejo para la Transparencia, por ejemplo; llegará al 75% de su remuneración; un 65% en el caso de Alberto Dougnac; y un 30% para Juan Francisco Galli.
«En plena pandemia y estallido social, respetar derechos fundamentales como el derecho de acceso a la información es clave; esto lo ha establecido la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su primera resolución en marzo de 2020 a propósito de derechos fundamentales y estados de excepción»; señaló Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo.
«Estas decisiones son coherentes con lo planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la que fue enfática en su resolución en el marco de la crisis por Covid-19; y subrayó que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención de la pandemia; deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos. Esto es una cuestión que deben tener clara las autoridades“,», añadió.
Consejo para la Transparencia
En los tres casos mencionados; las sanciones recaen también en otros funcionarios de los servicios. En el caso de Interior en el jefe de la División Jurídica, Cristián García-Huidobro Correa, y el jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, a los que también se les aplicará el descuento de 30% de la remuneración mensualizada.
Desde La Tercera consignan que todavía existe la posibilidad de que los inculpados en los procedimientos sumarios impulsados por el CPLT puedan presentar recursos de reposición, precisaron desde el organismo.
Asimismo, apuntaron a que sus pronunciamientos se enmarcan en una decidida línea de acción de la entidad orientada al ejercicio de su facultad fiscalizadora y sancionadora, ante evidencia de eventuales incumplimientos a la Ley de Transparencia y en defensa de un derecho humano como el acceso a información de organismos del Estado.