Marisol Peña fue integrante del Tribunal Constitucional desde el año 2006 al 2018
En estos tiempo de profundo cambio social, es común que personajes del mundo de la política hagan sus descargos y destapen ciertas malas prácticas o situaciones de la internas de las instituciones.
Marisol Peña es una abogada que fue parte del Tribunal Constitucional desde el año 2006 y 2018, desempeñándose como presidenta del organismo entre los años 2013 y 2014.
En una entrevista con ADN Hoy, en Radio ADN, aseguró que hasta el año 2011 experimentó «un gran tribunal». No obstante, después se integraron nuevas caras a la institución, que «evidentemente» produjeron un cambio.
Entre estas nuevas personas se encuentra María Luisa Brahm, la actual presidenta de la instancia, que ingresó el año 2013.
«Las diferencias de opinión siempre se dieron dentro del Tribunal Constitucional durante este primer tiempo, entre 2006 y 2011, pero se resolvían con mucha amistad cívica, las diferencias se conversaban», recordó Peña. «Después cambiaron las personas y por ende las personalidades».
En este contexto, la expresidenta del TC aseguró que ella atestiguó los primeros indicios de la disputa interna entre, el ministro, Iván Arostica y la antes enunciada, María Luisa Brahm, a quién acusó de malos tratos contra los funcionarios.
“Cuando me retiré del tribunal, me retiro consciente y muy dolida de que existen esas diferencias y de que había malos tratos a los funcionarios”, expresó la abogada.
“Las acusaciones dentro del Tribunal Constitucional están rodeadas de un clima muy cargado entre los ministros (…) Yo fui testigo en virtud de las cuales la ministra no le dio un trato acorde a los funcionarios», acusó. «Gritos, fundamentalmente un trato de gritos, muy duro, no saludar a las personas, entrar a un ascensor y darse la vuelta”
Encima de aquello, Peña cuestionó que Brahm, en abril del año pasado, concedió una entrevista para avisar que habrían causas paralizadas por un tiempo. Situación que calificó como «al borde de la corrupción».
Marisol afirmó que, en estos casos, el proceder correcto es iniciar un sumario interno y entregar los datos a la justicia, en caso de que corresponda.