Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con el abogado de Océana y director de la ONG FIMA, Ezio Costa.
Tras el fallo unánime del Primer Tribunal Medio Ambiental de Antofagasta, que acogió la apelación de los abogados del proyecto Dominga, perteneciente al grupo empresarial de la familia Délano y Penta, desde Océana confirmaron que recurrirán a la Corte Suprema para anular el dictamen. Recordemos que el proyecto minero consiste en la construcción de un megapuerto y una planta desaladora en la comuna de La Higuera en la región de Coquimbo.
Costa señala: “Ha sido un proyecto bien controversial política y jurídicamente. Ha sido largo el procedimiento en lo judicial. El fallo llevaba más de un año esperando ver la luz. Finalmente, cuando tengamos sentencia, ya habrá terminado este Gobierno. Queda ahora que la Suprema revise la resolución del Tribunal Ambiental. Es la segunda vez que este caso llega a la Suprema”.
“Siempre que el comité de ministros resuelve, es posible que se vaya a los tribunales ambientales. Me llama la atención, porque no entiendo por qué un proyecto como Dominga no presenta un proyecto nuevo o intenta arreglar lo que está haciendo. Seguir discutiendo este trámite que fue rechazado por el Comité de Ministros y por la Comisión de Evaluación Ambiental, parece un trámite poco eficiente”, agrega el abogado de Océana.
Legitimidad del proyecto Dominga
“Los controladores están relacionados con la familia Délano y con Penta. Hay quienes consideran que el proyecto sería productivo y otro grupo que considera que es perjudicial, en este último caso, pescadores artesanales y pueblos originarios. Científicos de Chile y de otras partes están en contra del proyecto, y se genera una tensión institucional”, apunta el abogado de Océana.
“Un modelo económico e institucional que le daba facilidad y preponderancia a ciertas medidas por sobre los menores choca con la realidad legítima de otras personas, que puede ser una inversión gigantesca y dar mucho trabajo para algunas personas por cerca de 20 años, pero a cambio amenaza con destruir un sistema que es sustentable, que actualmente da trabajo y lo hará de manera indefinida a muchas personas. Queremos que cualquier proyecto en cualquier parte tenga el favor de las normas o vamos a tener que hacer evaluaciones caso a caso”, argumenta Costa.