Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con Cristián Báez, director de la ONG Lumbanga e investigador afrochileno del valle de Azapa, a propósito de la decisión del Congreso de discutir por separado la silla adicional en la Convención Constitucional para el pueblo tribal afrodescendiente.
“Ayer, justo en el Día Internacional de los Derechos Humanos, terminaron por sentenciarnos como pueblo afrodescendiente con la decisión de votar por separado y no conjuntamente. Fue una estrategia de la derecha y del gobierno de excluirnos”, dice Báez sobre el tema.
Acusa “ignorancia” y “poco fundamento” del gobierno “a través de la ministra Karla Rubilar”, cuestión que según el investigador explicitó el “conflicto racial que tiene el Estado chileno contra los afrodescendientes y los pueblos indígenas. Al votar por separado, sabemos que la derecha no votará a favor de nosotros. (…) Acá prima lo que se cocinó en noviembre: el acuerdo que hicieron los partidos políticos”.
Cristián Báez explica que “el estándar de discusión es el convenio 169, ratificado por el Estado chileno, y ahí la ley nuestra está vinculada a un convenio internacional. (…) Es por eso que hacer una diferencia entre (pueblos) originarios y tribales es un tema de una ignorancia tremenda: nosotros somos un pueblo secuestrado de África hacia América, y en Chile no fue la excepción. Acá también hubo esclavitud, racismo e invisiblización. Somos un pueblo preexistente al Estado Nación”.
¿Por qué el oficialismo votará en contra? El director de la ONG Lumbanga conjetura: “La derecha va a votar en contra porque hay un racismo. El tema de la negritud es un problema para Chile hoy, y se confunde y mezcla con la migración de nuestros hermanos haitianos y colombianos (…). Nosotros iniciamos un proceso de judicialización, que tiene que ver con ir al Tribunal Constitucional –pese a que digan que es una tradición de la derecha- para detener el proceso constituyente”.
“Hoy los afrodescendientes estamos siendo excluidos por parte de un Estado racista y opresor, entonces nosotros presionaremos al diputado Rocafull o Mirosevic para que presenten ante el TC esta legislación arbitraria. Si no, después la Corte de Apelaciones, la Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, remató Báez.