Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con Hernán Larraín, ministro de Justicia y Derechos Humanos, sobre la reforma al sistema notarial y registral que está impulsando su cartera y también por el rol del Ministerio Público tras el estallido social del 2019.
Sobre lo primero, el secretario de Estado ve que “en las notarías es donde más se nota el acogotamiento del ciudadano, porque los trámites se hacen con reglas del siglo pasado”. Por lo mismo, anuncia que “se incorporará tramitación electrónica, digitalizando los procesos. Habrá registros automatizados,y así se llevará un repositorio digital para acceder a todas las escrituras públicas”.
También indica que habrá “cambios en las designaciones de los notarios (…). Tiene que haber un sistema transparente, más fundado. Estamos proponiendo una comisión de 5 personas para que se garantice que no haya amiguismos”.
Respecto de los detenidos, y en general rol del Ministerio público tras el estallido social, Hernán Larraín confiesa que “no hemos tenido una respuesta muy efectiva del sistema, y por ello necesitamos agilizarlo para que la gente sienta que efectivamente puede confiar –no sólo en las instituciones, como las policías- también en los fiscales y jueces para asegurar que haya justicia”.
“Es compleja la acreditación de los hechos en estas situaciones. Entiendo que al ministerio público y a los fiscales les cueste probar cada situación, porque no son tan nítidas (…). Eso hace que se vaya caminando en forma muy lenta y a la desesperación de muchos, porque uno quisiera la resolución de estos casos y la mayor justicia a la brevedad posible. Hay muchas personas que están detenidas, y esa es una atribución que tienen los tribunales… no soy yo el que va a decirle a tribunales lo que tienen que hacer o no, no me parece que nadie del gobierno ni menos yo como ministro de Justicia tenga que estar pauteando a los tribunales”, agrega el ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Precisa lo anterior acotando que “en Chile tenemos en las cárceles a un tercio de personas privadas de libertad que están en proceso judicial, no condenados. Sólo dos tercios están cumpliendo una condena, el resto está imputado en un juicio que se sigue ante un tribunal (…). Se usa indebidamente la prisión preventiva en Chile: el 40% de los que están privados de libertad, según estudios del pasado, en promedio cuando finalmente termina el proceso o son declarados inocentes o bien condenados por delitos cuya pena es inferior a la privación de libertad”.