Un juicio de cuentas y el envío de los antecedentes al Ministerio Público fue parte de las acciones que tomó la Contraloría General de la República tras realizar una auditoría a la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), a cargo del alcalde Jorge Sharp, luego de detectar el mal uso de cerca de 931 millones de pesos de subvenciones escolares, según consigna ADN.
En el extenso informe elaborado por el organismo fiscalizador, se indicó que la investigación abarcó el tiempo entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2019, determinando entre otras cosas que “al interior del Liceo Técnico de Valparaíso y el Liceo María Luisa Bombal, operaron “áreas productivas” independientes de los talleres de las especialidades técnicas que imparten dichos liceos, cuyo objetivo fue la elaboración y comercialización de distintos bienes de consumo, así como la prestación de servicios de coctelería y fotocopiado, los cuales fueron vendidos a la propia Cormuval y a particulares”.
Además agregó que «producto de esas operaciones, los citados establecimientos percibieron ingresos por $490.649.302, lo que se enmarcó en el desarrollo de actividades comerciales no previstas en la ley, ajenas a la finalidad pública pedagógica» de dicha corporación.
En tanto, también se comprobó que los alumnos de los liceos prestaron servicios de coctelería a la propia corporación y a privados, sin que contaran con los permisos expresos para realizar tales labores. Por esta situación, se remitieron los antecedentes a la Defensoría de la Niñez.
Por potro lado, en el ámbito laboral se logró identificar el pago de «remuneraciones por $516.801.420 a 21 trabajadores que ocuparon parte o el total de su jornada de trabajo para cumplir labores relacionadas con el funcionamiento de las citadas ‘áreas productivas’, los cuales resultan improcedentes».
Estas irregularidades y otras, fueron reportadas además del Ministerio Público, al diputado Andrés Celis, al Servicio de Impuestos Internos y a la Seremi de Educación de Valparaíso, entre otros organismos.