Una investigación de la FNE determinó que establecimientos y empresas de confección realizaban prácticas ilícitas en torno a estas prendas.
En los colegios suele suceder que se establecen contratos con distribuidoras de uniformes, ya que cada establecimiento cuenta con un diseño específico que los identifica. Sin embargo, en estos tratos pueden surgir ciertas prácticas ilícitas, que están relacionadas con la exclusividad en la provisión de estas prendas, lo que perjudica la elección y bolsillos de padres y apoderados.
Por esta razón, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) realizó una investigación de oficio para indagar en las relaciones entre 99 colegios y sus proveedores de uniformes. Si bien se detectaron pocos incumplimientos en los contratos antes mencionados, se detectaron prácticas contrarias a la libre competencia.
Por ejemplo, los mismos proveedores y grandes tiendas del retail entregaban tarjetas de regalo («gift cards») y beneficios a los establecimientos, a cambio de presentar sus productos como «oficiales», «exclusivos» u otros términos semejantes.
Otra práctica ilícita consistía en celebrar contratos de «distribución exclusiva» sin licitación previa en que ganara la propuesta que ofreciera la mejor relación precio-calidad de los uniformes escolares.
A raíz de la investigación, algunas empresas de confección dejaron sin efecto estos contratos, a cambio de que los colegios dirijan hacia ellos la demanda de los padres y apoderados.
«Es recomendable que estas directrices sean observadas por todos los proveedores y distribuidores de uniformes para colegios, porque mientras más competencia exista en la comercialización de estos bienes, los padres y apoderados podrán acceder a prendas de mejor calidad a un buen precio», señaló el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.
La FNE ya ofició a tiendas de retail y proveedores de uniformes, así como a la Superintendencia de Educación, para obligar a los colegios a informar acerca de los derechos referidos a la compra de estas prendas.