El Caso SQM sigue marcando la agenda política en Chile. La polémica por los contratos entre la minera no metálica y el Estado vuelve a tomar fuerza, luego de las declaraciones de la diputada Alejandra Sepúlveda, presidenta de la comisión investigadora del acuerdo entre SQM y Corfo.
En entrevista con Palabra Que Es Noticia, la parlamentaria regionalista fue categórica al afirmar que “SQM es una empresa corrupta a todas luces”. Según sus palabras, la compañía habría incumplido los contratos de arriendo con el Estado y, hasta la fecha, no ha pagado lo que corresponde.
A su juicio, este caso revela cómo algunas grandes empresas operan bajo un manto de privilegios y falta de control. Sepúlveda subrayó que Chile necesita una fiscalización más firme, sanciones ejemplares y transparencia absoluta en los acuerdos que involucran recursos naturales del país.
Financiamiento político y contratos cuestionados
Además, la diputada recordó que el Caso SQM no solo se limita a irregularidades contractuales, sino también al financiamiento ilegal de la política chilena. Las investigaciones en curso han revelado el uso de boletas falsas y aportes a campañas de diversos sectores, lo que ha golpeado fuertemente la confianza ciudadana.
Mientras las comisiones investigadoras del Congreso avanzan con lentitud, el descontento social crece. Muchos consideran que este escándalo ha dejado al descubierto las fallas estructurales del sistema político y la débil fiscalización del Estado frente a las grandes corporaciones.
Por otro lado, Corfo también enfrenta críticas por su rol en los contratos con la minera. Diversas voces acusan que el Estado no defendió de manera adecuada los intereses nacionales, favoreciendo a una empresa que hoy está en el centro de las denuncias.
Una herida abierta en la confianza ciudadana
Las palabras de Alejandra Sepúlveda reflejan un sentimiento extendido entre los chilenos: el cansancio frente a la corrupción. La diputada insistió en que el país debe fortalecer sus instituciones y garantizar que ninguna empresa esté por encima de la ley.
En este contexto, el Caso SQM se ha transformado en un símbolo de la lucha por la transparencia y la ética pública. La ciudadanía espera respuestas concretas y justicia efectiva para cerrar un capítulo que sigue afectando la credibilidad del sistema.
Hoy, el llamado de Sepúlveda es claro: Chile no puede olvidar ni bajar la guardia. La vigilancia pública y la rendición de cuentas son esenciales para reconstruir la confianza perdida. El Caso SQM sigue siendo, en 2018, una herida abierta en la historia reciente del país.
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